La comuna canaria recibió una lluvia de acusaciones de clientelismo, luego que el intendente renovara el contrato de unos cuatro familiares que trabajan en cargos relevantes de la administración municipal.
Según informó radio Sarandí, dos casos están fuera de lo dispuesto por el artículo 61 de la reglamentación para contratos (TOCAF), que prohíbe la participación de familiares de los jerarcas, estableciendo varias categorías de parentesco.
Se trata de Irene Cabrera, la nuera del intendente Carámbula que trabaja en Desarrollo Turístico de la comuna por un salario de 25500 pesos y de Pablo Berriel, sobrino de la esposa del Intendente, Elena Pareja, que se desempeña en la intendencia por un sueldo de $21.600.
Ambos trabajan en la Intendencia desde el inicio de la nueva administración con un contrato anual que fue renovado el pasado mes de julio.
Los otros dos familiares de Carámbula que trabajan en la intendencia, lo hacen en situaciones que no son consideradas irregulares por el TOCAF. La esposa del intendente trabaja en la Comisión de Patrimonio, sin recibir remuneración, mientras que un primo de ella ocupa el cargo de Director de Gestión Ambiental.
Otra de las decisiones que se le critica a Carámbula es la incorporación de unos 500 funcionarios que pasaron de trabajar como zafrales a estar en la planilla de la intendencia.
La contratación de los funcionarios surgió de un acuerdo con el gremio de trabajadores municipales en junio de 2006.
La oposición critica la creación de unos 27 cargos de particular confianza, contratados por sueldos de entre 14.600 y 50.800 pesos.
También se le cuestiona el despido de cinco funcionarios de la administración anterior, cuya destitución fue observada por el Tribunal de Cuentas.
Los funcionarios despedidos podrían intervenir judicialmente contra la comuna canaria, en la medida que cuentan con la observación de órgano de contralor.
"Un mes antes de asumir la IMC explicité cuál era el equipo los cargos que íbamos a crear", señaló el intendente Marcos Carámbula a radio Sarandí, agregando que la Junta Departamental y la población canaria está al tanto de cómo está conformado su equipo de gobierno.
En declaraciones al diario El País, el senador nacionalista Julio Lara denunció la salida de unos 600 mil pesos de viáticos retirados por el director de Cultura en febrero, y aún no se rindió cuenta de los mismos.
Sobre este punto, Montevideo Portal consultó al Director de Hacienda, Hugo Pose de la comuna canaria, que aseguró que ese dinero fue rendido en tiempo y forma.
Pose señaló que en varias oportunidades hay rubros que es necesario comprar al contado y puso como ejemplo el Plan Invierno en el que se necesitó la compra de varias camperas polares.
La división Cultura retiró importantes partidas para la organización del Carnaval, que fueron, según indicó Pose rendidas en los 60 días reglamentarios, advirtiendo que la acumulación de toda la documentación, muchas veces se demora por cuestiones administrativas pero que toda la salida de caja estaba perfectamente documentada.
Pose señaló que se trató de más de un retiro: "A veces se pide dinero para compras concretas y después se rinde, no tiene nada de extraño lo que se hizo, siempre hay un expediente que está respaldando el gasto que se va a realizar no es que uno agarró firmó un vale por 600 mil pesos y el funcionario se llevó la plata para la casa. Hay un expediente autorizado, hay una retiro para realizar el gasto y una rendición de ese gasto".