La oposición dio un paso concreto este miércoles al presentar en la Cámara de Diputados la solicitud de conformación de una comisión preinvestigadora sobre el proceso de revisión y rescisión del contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas con el astillero español Cardama.

La iniciativa fue anunciada por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien explicó que el objetivo es avanzar hacia una comisión investigadora que analice “hechos, actos y eventuales conductas irregulares” vinculadas al proceso.

La movida en Diputados se da mientras en el Senado ya funciona una comisión preinvestigadora a instancias del senador frenteamplista Sebastián Sabini, lo que deja planteado un probable escenario de investigación parlamentaria bicameral.

El alcance que propone Diputados

En rueda de prensa, Rodríguez defendió que la investigación en la Cámara baja abarque el proceso desde 2005, año en el que —según argumentó— la Armada planteó públicamente la necesidad de que Uruguay contara con patrulleras oceánicas. A su entender, ese es “el punto cero” del tema.

“Es el único ámbito parlamentario donde todo el espectro político nacional se encuentra representado”, sostuvo el legislador, al explicar por qué la oposición optó por Diputados. En esa cámara tienen representación los seis partidos con bancas parlamentarias, algo que no ocurre en el Senado, donde Cabildo Abierto, el Partido Independiente e Identidad Soberana no están representados.

En términos reglamentarios, la preinvestigadora en Diputados debe integrarse con tres miembros —dos del partido con mayor representación y uno de la oposición— y tiene 48 horas para expedirse sobre si corresponde o no conformar la investigadora. A diferencia del Senado, el reglamento de la Cámara baja permite que el asunto sea tratado en una sesión extraordinaria, lo que puede acelerar los tiempos.

Si se aprueba, la comisión investigadora podrá convocar jerarcas, solicitar documentación y producir un informe político. Como ocurre en todos los casos, no tiene facultades jurisdiccionales, pero sí puede derivar antecedentes a la Justicia.

El enfoque en el Senado

En paralelo, el Senado activó su propio mecanismo tras la moción presentada por Sabini, quien sostuvo que el caso podría constituir “una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XX”, según consignó Telemundo (Canal 12).

La propuesta en la Cámara alta plantea investigar desde 2014, cuando el Poder Ejecutivo manifestó formalmente la voluntad de incorporar patrulleras oceánicas. El foco está puesto en el contrato firmado en diciembre de 2023 por € 82 millones y en los presuntos incumplimientos que motivaron la rescisión.

Sabini enumeró cuestionamientos vinculados a garantías, plazos y requisitos técnicos, y sostuvo que la comisión permitiría determinar responsabilidades políticas y administrativas.

En el Senado, la preinvestigadora también dispone de 48 horas para expedirse, pero el reglamento establece que la eventual comisión investigadora solo puede comenzar a funcionar en sesión ordinaria, lo que incide en el calendario parlamentario. En concreto, esto significaría que, de tratarse, la comisión comenzaría a funcionar en marzo. 

Diferencias políticas y de mayorías

Más allá de los aspectos técnicos, la diferencia central entre ambas cámaras está en la correlación de fuerzas. En el Senado, el oficialismo cuenta con mayoría, mientras que en Diputados el escenario es más fragmentado y participan todos los partidos con representación parlamentaria.

En diálogo con Montevideo Portal, la senadora Graciela Bianchi, quien integra la comisión con Eduardo Brenta y Nicolás Viera, indicó que en primera instancia “habría elementos para conformar una comisión”, por lo que dicha comisión es un escenario prácticamente confirmado. 

Asimismo, destacó que “pueden funcionar dos comisiones investigadoras cuando los objetos no son exactamente iguales”.

Consultada sobre la comisión parlamentaria, Bianchi sostuvo que fue “muy buena”, en el sentido de que “fue tranquila y ordenada”.