La bancada de ediles del Frente Amplio de Colonia presentó formalmente en las últimas horas el caso Moreira a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), con la intención de que se analice la conducta del intendente, quien "protagoniza conductas que se apartan en todos los términos del comportamiento del buen gobernante" según reza el texto de la denuncia, recogida por el matutino La República.
Dicha denuncia afirma que "la edila que fuera extorsionada, radicó denuncia por acoso ante la justicia competente, demanda que está en curso".
Desde que en octubre estallara el escándalo de los audios, donde Moreira se muestra "abierto a negociar" una pasantía a cambio de relaciones sexuales, la bancada de ediles del Frente Amplio en Colonia intentó en al menos seis ocasiones que la Junta Departamental tratara el tema para lograr la expulsión del intendente mediante el juicio político, pero desde el Partido Nacional -mayoritario- no se dio quórum.
"Ediles de la Bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental de Colonia nos presentamos formalmente ante su organismo con la finalidad de solicitar la elaboración de un informe técnico, sobre comportamiento y expresiones, de los hechos que han tomado dominio público, sobre una serie de audios que recorrieron nuestro departamento y el país todo", dice el documento elaborado por dirigentes frenteamplistas.
"El intendente Carlos Moreira protagoniza conductas que se apartan en todos los términos del comportamiento del buen gobernante y modelo de funcionario público, y que expone mediante propuestas indecentes un nefasto procedimiento para el ingreso de pasantes y renovación de pasantías a cambio de favores sexuales", añade el texto remitido al organismo de contralor.
"Grave es dar como hecho natural que otra edila del sector del intendente, y que forma parte de la Comisión de Pasantías, tenga una conducta inapropiada al otorgarlas y renovarlas, conjuntamente con el secretario general de la Intendencia. Grave es que el intendente otorgue pasantías que no corresponde dar, ni renovar, porque el costo que asume la administración al incorporar a esas personas forma parte de los recursos del erario público, que maneja groseramente e indiscriminadamente dentro del entorno del Partido de Gobierno Municipal, a cambio de complacer sus apetencias sexuales, con la agravante de estar haciendo en ese acto de gobierno abuso de funciones, acoso y extorsión", añade el documento.
Días atrás, los ediles frenteamplistas ya habían manifestado su intención de elevar el caso a la Jutep y también de aguardar las acciones judiciales, dada la persistente negativa de la bancada del PN a dar quórum para tratar el tema en la Junta Departamental.