Hace 19 días, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, acompañada de una delegación de Fiscalía para dar cuenta de las necesidades del Ministerio Público —que piden que estén contempladas en la Ley de Presupuesto—, Mónica Ferrero fue tajante: “Tengo a los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte, y sin embargo sigo adelante”.
La fiscal de Corte subrogante, que asumió después de la renuncia de Juan Gómez, alertó sobre las amenazas de narcos que sufrió por haber estado a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes y “viendo cómo se generó toda una discusión pública de todos los actores, exponiendo las debilidades que tiene la institución.
Ferrero narró los hechos de violencia que vivió: en “una falsa rapiña” le “sacaron un brazo” y en otra la “amenazaron de muerte”. “Ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”, decía la fiscal, que en la madrugada del pasado domingo 28 de setiembre sufrió un atentado en su propia casa cuando dos delincuentes vinculados a Los Albín, brazo ejecutor de Sebastián Marset, ingresaron, dispararon dos tiros y cavaron un pozo, en el que depositaron una granada.
La amenaza que recibió Ferrero no es la primera en el historial de los narcos y las instituciones uruguayas. En 2020, la fiscal de Estupefacientes fue noticia por haber recibido llamadas de números desconocidos después de un atentado contra la Brigada Antidrogas del Ministerio del Interior.
El 9 de mayo de ese año, un artefacto explosivo fue arrojado en el predio de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas ubicado en la zona del Prado de Montevideo. La munición explotó en el estacionamiento de la dependencia. No se registraron heridos, pero sí se dañaron varios vehículos, cuatro autos oficiales y uno particular. Veinticuatro horas después, le llegó una amenaza a Ferrero.
El fiscal Diego Pérez, a cargo de la investigación, había dicho en diálogo con En perspectiva que “sin duda” se trató de un caso con “importancia especial” y que marcó “un antes y un después”, dado que se trató de un ataque directo a una dependencia policial que, además, es la encargada del combate al tráfico de drogas.
El magistrado vinculó la amenaza contra la Brigada Antidrogas con el mensaje que recibió la actual fiscal de Corte. “Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida. Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño aviso para que vean que no le tenemos miedo”, decía el WhatsApp que recibió. A raíz de la investigación, un empresario fue formalizado en setiembre del 2020 como autor de las amenazas a Ferrero.
Ese mismo año, dos personas atacaron a balazos la base del distrito 1 de Las Piedras, a metros de la seccional 4ª. Según trascendió en aquel entonces, las balas impactaron en el edificio y dañaron los móviles que estaban en el lugar.
Asimismo, en 2016, el narco mexicano que operaba en Punta del Este Gerardo González Valencia amenazó al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, después de haber sido encarcelado por la Justicia.
El delincuente extranjero, hermano del líder del cártel Los Cuinis, denunció haber sido torturado por el Ministerio del Interior y apuntó contra el fallecido ministro.
“Me torturaron. Me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior Bonomi sigue mandando sus guardias a torturarme, que busque el puente más alto del Uruguay, donde lo voy a colgar”, expresó González Valencia.
A raíz de estos hechos, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal ante la Justicia especializada en Crimen Organizado por la amenaza. En junio del mismo año, Bonomi afirmó que ya había recibido mensajes intimidatorios.
“No es la primera vez que hay una amenaza: es la primera que se hace pública”, dijo a la prensa en aquel entonces. “Hubo un inconveniente en la cárcel durante una requisa. Él pensó que era personal, y no lo era: era de una requisa del sector donde estaba él. De ahí a esa amenaza que quedó firmada en un acta”, rememoró el exministro.
Bonomi también indicó que otras autoridades “de distinto orden” habían sido amenazadas por delincuentes. Para esos casos, señalaba el entonces jerarca, hay custodia, porque “eso supone siempre una posibilidad”.
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