En las últimas horas, el conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama por la construcción de dos embarcaciones para la Armada Nacional registró dos importantes novedades; y de ambas da cuenta este jueves el semanario Búsqueda.
La primera de ellas consiste en el desistimiento de Cardama de su demanda al Estado uruguayo. La segunda es la información surgida del banco francés Société Générale, que desconoció haber emitido un documento que la empresa española presentó al gobierno durante el accidentado proceso de obtención de garantías.
No hay demanda
Apenas dos horas después del anuncio presidencial que ponía fin al vínculo, los abogados de la firma española en Montevideo, pertenecientes al estudio Hughes & Hughes, presentaron un escrito ante el Juzgado de Conciliación de 2º Turno. El documento solicitaba dejar sin efecto una audiencia fijada para la semana próxima, en la que el astillero pretendía forzar el cumplimiento del contrato y reclamar daños por un monto que, según sus estimaciones iniciales, superaba los 48 millones de euros.
En su escrito, Cardama acusó al Estado de actuar con "desprecio" y de haber instalado una idea de fraude "difundida hasta el hartazgo", rompiendo la confidencialidad del contrato con fines políticos. Sin embargo, ante el hecho consumado de la rescisión, la empresa optó por el repliegue: el texto judicial afirma que la conciliación "ya no hace sentido" y que se analizan "otros caminos", un movimiento que especialistas legales interpretan como una pausa táctica para reevaluar una demanda que hoy carece de sustento contractual, según el citado informe.
El astillero había solicitado la audiencia de conciliación el 18 de diciembre de 2025, con la intención de reclamar el cumplimiento del contrato o, en su defecto, una compensación económica por los perjuicios sufridos.
En ese planteo, Cardama sostenía que el acuerdo se venía ejecutando con normalidad y que las partes habían manejado las dificultades propias del proceso de forma razonable. También afirmaba haber presentado oportunamente las garantías exigidas por el contrato: una de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros y otra de reembolso por 8,2 millones.
La empresa cuestionó, además, que el gobierno hiciera pública la sospecha de fraude sobre una de esas garantías —presuntamente emitida por EuroCommerce Bank— durante una conferencia de prensa realizada en octubre de 2025. Según el astillero, esa exposición instaló la idea de que la empresa era responsable de un fraude “sin respetar la presunción de inocencia” y afectó gravemente su reputación ante proveedores.
En su reclamo inicial, Cardama aspiraba a que se ejecutara el contrato y recibir los 53,6 millones de euros correspondientes a la continuidad del proyecto, además de una compensación por daños que estimaba en, al menos, 48 millones de euros.
A mí, que me revisen
Paralelamente al desistimiento de Cardama en su demanda, se produjo otra novedad en el caso, y tiene que ver con el cuestionado tema de las garantías presentadas por el astillero, que generó sospechas de estafa y condujo a la rescisión del contrato.
El conflicto se originó en las dificultades del astillero para presentar las garantías financieras exigidas por el contrato, una condición indispensable para que el acuerdo entrara plenamente en vigor. Aunque el plazo original era de 45 días, el gobierno otorgó sucesivas prórrogas durante casi un año.
En ese período, Cardama propuso distintas alternativas de aval. Entre ellas, figuraron opciones con el Banco de Seguros del Estado y con instituciones financieras radicadas en Santa Lucía y Barbados.
En julio de 2024, la empresa presentó una nueva posibilidad: un borrador de garantía de fiel cumplimiento que, supuestamente, sería emitido por una filial en Camerún del banco francés Société Générale. El documento indicaba que la garantía se otorgaría a través de una empresa denominada Heritage Capital Cameroon que actuaría como solicitante.
Sin embargo, según informa hoy Búsqueda, ante consultas posteriores la institución financiera negó haber emitido ese documento. Un vocero del banco respondió que el texto presentado al gobierno uruguayo no provenía de la entidad y fuentes vinculadas a la sucursal camerunesa indicaron que ni Cardama ni la compañía mencionada figuraban como clientes.
Idéntico a sí mismo
Meses más tarde, el astillero presentó una versión casi idéntica del borrador, esta vez atribuida a EuroCommerce Bank. Ese documento mantenía la misma estructura, tipografía y código interno que el presentado previamente con el nombre de Société Générale Camerún.
Los metadatos de los archivos indicaban que los distintos borradores habían sido elaborados en computadoras Mac con el mismo programa. Pese a las advertencias del estudio jurídico del abogado José Delpiazzo, que asesoraba al Ministerio de Defensa en el proceso, la garantía de EuroCommerce Bank terminó siendo aceptada por las autoridades.
El problema surgió cuando el nuevo gobierno intentó ejecutarla. Según informó el Poder Ejecutivo, la dirección del banco resultó ser falsa, y la institución podría tratarse de una empresa sin actividad real.
Ese hallazgo derivó en denuncias penales y en la decisión del gobierno de rescindir el contrato, además de iniciar acciones para determinar responsabilidades y recuperar eventuales perjuicios para el Estado.
Navegar es necesario
La decisión de Cardama de desistir de la instancia de conciliación no implica el cierre del conflicto. Según especialistas consultados por el semanario, la empresa mantiene la posibilidad de presentar una nueva demanda contra el Estado uruguayo por ese tema.
Mientras tanto, el gobierno anunció que avanzará en investigaciones para esclarecer cómo se aceptaron las garantías presentadas por el astillero y si existieron responsabilidades administrativas o penales en el proceso.
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