Cardama fijó una audiencia de conciliación con el gobierno para el próximo 16 de marzo

Después de que el Estado uruguayo lo denunciara por fraude y estafa, el astillero Cardama, que firmó un contrato por más de US$ 90 millones para construir dos patrullas oceánicas, notificó al gobierno que la Justicia fijó una audiencia de conciliación para el próximo 16 de marzo.

El anuncio se dio en las últimas horas, en el marco de una reunión entre la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos representantes legales del astillero en la sede de la cartera, informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia.

Desde el gobierno indicaron que los representantes legales del astillero español fueron “dos personas muy correctas”, que realizaron “un planteo con mucha corrección y estilo jurídico”.

Se trata del primer accionar judicial de Cardama contra el Estado uruguayo, en el que inició un proceso en respuesta a la denuncia penal y civil que anunció el pasado 22 de octubre.

El Código General del Proceso, en el artículo 293, indica que, antes de iniciar cualquier proceso, se debe solicitar una audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, que será citado en su domicilio, tal como lo realizó Cardama.

El pasado 22 de diciembre, Lazo confirmó que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero español hasta la resolución judicial de la denuncia en curso que el país mantiene con la empresa por el contrato de las patrulleras oceánicas.

La ministra señaló que el gobierno mantiene todo “en stand by” y solo liberará fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores. Un día después, el Estado uruguayo volvió a ampliar la denuncia contra la empresa de Galicia.

Bajo la administración de Lacalle Pou, el Ministerio de Defensa rubricó, en 2023, el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

Orsi anunció que la decisión de rescindir ese contrato surgió tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.

En este sentido, Lazo indicó que ahora inspectores uruguayos están en España, acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar avances reales.

La ministra expresó su preocupación por la reciente “aceleración” de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que “la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa”, subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de esta depende la seguridad de sus efectivos.