El exministro de Defensa Armando Castaingdebat afirmó que el gobierno de Yamandú Orsi “eligió un camino de confrontación” al rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas modelo OPV para la Armada Nacional.

El gobierno eligió jugar muy fuerte. A mí me llamó la atención, porque yo a Yamandú Orsi lo conocí como persona, y el gobierno en la conferencia de prensa que hizo eligió un camino que, para mí, no va con las tradiciones de este país”, expresó Castaingdebat en entrevista con el programa Desayunos informales (Canal 12).

Según el exjerarca, “sería muy miope” reducir dicho conflicto con el astillero solamente a una “discusión sobre una garantía”. “Este tema hay que enmarcarlo en una historia de varios años donde el Frente Amplio y nuestro partido han tenido visiones opuestas sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que están llamadas a jugar un papel muy importante en los nuevos desafíos del país: la protección de fronteras, el narcotráfico, la pesca ilegal, el tráfico de personas y el contrabando”, afirmó.

El exministro defendió el proceso que culminó en la adjudicación del contrato a Cardama y aseguró que “el objeto del contrato se está cumpliendo”.“El gobierno actual tiene el 100% de la documentación y podría haber hecho observaciones, pero no lo hizo. Incluso realizó pagos sin objeciones”, señaló.

Consultado sobre las advertencias del estudio jurídico Delpiazzo acerca de la garantía de la firma Eurocommerce, respondió: “Delpiazzo hizo sugerencias que se corrigieron. Si hubieran leído entero y no la mitad de la historia, habrían visto esas correcciones. Es el propio Delpiazzo quien termina redactando un estudio notarial en España con las modificaciones”.

Castaingdebat también cuestionó la forma en que se comunicó la decisión de rescindir el contrato porque argumentó que se hizo antes de que se venciera la garantía. “Hace un anuncio cuando el contrato se está cumpliendo y cuando no hay objeciones al precio ni a lo construido”, dijo.

El exministro advirtió que la medida “perjudica a la Armada y al país”, y que el episodio “envía una mala señal al exterior”. “El país pierde soberanía. Es una señal preciosa para la pesca ilegal y para los narcos que están pasando”, afirmó.

Más adelante, aseguró que la situación pudo haberse resuelto mediante el diálogo político. “Terminó la conferencia de prensa y me llamó el Pacha [Sánchez]. Esto pudo haberse discutido entre todos, pensando en el bien mayor y no en el rédito político chiquito a corto plazo”.

El exministro concluyó que el Ejecutivo debió “abrir una instancia de diálogo civilizada” con la empresa y con los actores políticos. “Espero que el presidente de la República reciba a Cardama y que la ministra también lo haga. Uruguay se jacta de respetar los acuerdos jurídicos y los contratos y eso es lo que debería preservarse”, señaló.