“¿La gente es corrupta?” Análisis del triunfo de “proyectos cuestionados por la Justicia”

Las elecciones departamentales y municipales del domingo arrojaron escasas novedades en cuanto a cambio de signo político, con excepciones como las sucedidas en Salto y Río Negro, y la incógnita que persiste en Lavalleja.

Sin embargo, mostraron una característica llamativa.

“En varios departamentos, los intendentes ganadores o los proyectos ganadores son cuestionados por la Justicia”, señaló Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, en declaraciones a Radio Sarandí. “Algunos ya tienen sentencia, otros están en camino de ello, y otros solo con denuncias”, enumeró la profesional.

“No vivimos en Macondo”, sostuvo Pomiés, en referencia a la comarca de realismo mágico creada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez. “Vivimos en un lugar donde la gente cree en la Justicia y la respeta. Sin embargo, hay algunas acciones que la Justicia acertadamente condena, y que en la cabeza de las personas todavía no son percibidas como delito”, explicó.

Posteriormente, Pomiés trazó un símil entre lo sucedido en algunos departamentos del país y lo que vivió años atrás, en trabajos con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“En esa época, darle una palmada o un tirón de orejas a un hijo se consideraba parte del ‘amor’ con el que se lo corregía. Hoy entendemos que eso es algo que puede ser castigado, hay una comprensión de que eso está mal, y es una comprensión que a veces no es tan obvia aunque esté denunciada y establecida internacionalmente”, expresó.

“¿Eso quiere decir que no está mal y hay que cambiar la Justicia? No: tenemos que ir hacia el entendimiento de que hay cosas que podrán ser costumbres y útiles para algunos, pero son delitos”, aclaró.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Artigas, donde el triunfador fue el nacionalista Emiliano Soravilla, quien hizo toda la campaña junto a Valentina dos Santos, exdiputada y sobrina del exintendente Pablo Caram, ambos condenados por la Justicia.

“El intendente electo de Artigas hizo una declaración y dijo que, en cuanto cese la sanción sobre Caram, que no puede ejercer, va a entrar a la intendencia. En realidad, [Caram] cometió un delito, pero él [Soravilla] dijo que la gente aprobó el proyecto”, recordó.

“¿Eso quiere decir que la gente es corrupta, o que le da lo mismo?”, preguntó una vez más la analista, y volvió a responder de manera negativa. “No, no le da lo mismo, pero hay una cosa cultural arraigada y que lleva mucho tiempo cambiar, como en el caso de la palmada al nene: uno puede decir que lo quiere mucho y que eso está bien, pero está mal”, enfatizó.

En el mismo sentido, los votantes de algunos departamentos “pueden decir que quieren mucho al intendente, que [lo que hizo] es una buena acción, una gauchada. El problema es dónde queda el límite si no lo tenemos claro”, planteó.

Luego, interrogada sobre el caso puntual de Guillermo Besozzi, intendente electo de Soriano, quien se encuentra imputado por varios presuntos delitos, se expresó en similares términos. “La Justicia se pronunciará, pero es una persona que está imputada por una fiscal que dice ‘acá se cometió un delito’ y hubo una jueza que dio la orden de investigar, así que pongamos las barbas en remojo”, dijo.

“Cuando te mandan a prisión domiciliaria, con o sin tobillera, es porque se considera que hay suficientes indicios como para tomar medidas judiciales. Después la Justicia dirá si hay delito o no”, recordó Pomiés, quien llamó la atención sobre un detalle no menor.

“Si la Justicia demora, Besozzi puede llegar a ser intendente ejerciendo desde fuera de la Intendencia, porque no puede entrar [a ninguna dependencia del gobierno departamental]. ¿Por qué la Justicia no lo deja entrar? Porque en cualquier investigación en la que haya riesgo de que se alteren pruebas del delito, el acusado no puede entrar [a donde pueda acceder a ellas]”, señaló la profesional.

En cuanto al hecho de que esa restricción le impidió ejercer el voto, Pomiés recordó que “en Uruguay hay gente discapacitada que no puede votar porque la silla de ruedas no sube la escalera” en algunos circuitos.

Además de los casos antes mencionados, en la pasada elección se produjo el triunfo de otra persona condenada por la Justicia.

Se trata de Luján Sánchez, exconcejala por el PN de la localidad coloniense de Florencio Sánchez e hija de Alfredo Sánchez, el “alcalde de las mil gauchadas”, ambos condenados por corrupción.

Tras cumplir su condena y ser destituida, Luján Sánchez se presentó como candidata a alcaldesa de la localidad y el domingo resultó electa.