La empresa belga Katoen Natie, que llegó a un acuerdo con el gobierno en marzo e invertirá 455 millones de dólares en la expansión de la terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo, emitió un comunicado este martes en el que denuncia una "campaña mediática con afirmaciones erróneas, tergiversadas y agraviantes" contra la empresa y el gobierno uruguayo.

En el documento la firma asegura que el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo sobre la operativa portuaria de la terminal Cuenca del Plata (TCP) es "transparente" y se han dado a conocer todos los documentos relacionados, incluyendo los decretos que instrumentan el acuerdo.

El contrato alcanzado deja la operativa en manos de Katoen Natie en un 80% y en un 20% en manos de la Administración Nacional de Puertos.

"No existen en ningún caso, documentos o clausulas reservadas y se ha transparentado todo el proceso", asegura el documento.

Con respecto a las críticas recibidas, desde Katoen Natie afirman que "se han escuchado voces contrarias al acuerdo, y se ha emprendido una fuerte campaña mediática y de entrevistas, realizando afirmaciones enteramente erróneas, tergiversadas y agraviantes para con nuestra empresa como también para las autoridades del gobierno".

"El acuerdo alcanzado, no solamente puso fin al reclamo de Katoen Natie mediante la obvia obligación de restablecer la legalidad en los términos del ofrecimiento internacional de Uruguay del año 2001 y se acordó la extensión de plazo de concesión (dentro de los términos a los que las leyes vigentes habilitan) sino que además incluyó importantes nuevas obligaciones de inversión para Katoen Natie, a instancias de una clara posición del Uruguay, en aras de consolidar un desarrollo que permita posicionar al Puerto de Montevideo como referente regional en la captación de cargas de trasbordos, objetivo plasmado en su Régimen de Gestión desde el año 2001. El acuerdo además obliga a una rebaja de tarifas en favor del comercio exterior del país", sostuvo la empresa en el comunicado.

Katoen Natie aseguró que con el acuerdo alcanzado el Estado uruguayo restableció la "legalidad de la cual se había apartado por más de 12 años, cumplió con sus obligaciones contraídas en el tratado, en el contrato de concesión de TCP y ha obtenido importantes logros en beneficio del país", poniendo nuevamente al puerto en el centro de atención para nuevas inversiones y actividad.

"El acuerdo se inscribe así en la tradición del Uruguay de ser un Estado de derecho y respetuoso del derecho internacional, y tiene un contenido de alto interés general dado lo que el mismo significa para el país, para el Puerto de Montevideo y para la sociedad Terminal Cuenca del Plata. S.A. en la competitividad del puerto y la generación de nuevos puestos de trabajo".

La empresa recordó además que es uno de los mayores inversores extranjeros en Uruguay y en especial en el Puerto de Montevideo, en donde ya invirtió en "forma muy superior a lo que estaba obligada contractualmente".

Según la empresa belga, la defensa contraria al acuerdo puede ser considerada opuesta al interés de la sociedad concesionaria que el propio Estado integra, "en favor de un operador puramente privado (ausente de intereses nacionales) que no ha aportado al Puerto de Montevideo compromiso alguno".

"Este operador ha incurrido en graves conductas aún no sancionadas que deben ser investigadas a través de la cuales se ha aprovechado de un sistema ilegal, violatorio del régimen portuario general y cuya conducta actual no puede ser interpretada de otra forma como la voluntad de persistir en tal régimen contrario a la ley de puertos, los decretos que la reglamentaron y a los compromisos asumidos por el país", dice el documento.

Agregó que se seguirá promoviendo el diálogo, pero se reserva el derecho de iniciar todas las acciones que correspondan para defender sus derechos, "exhortando al cese de agravios infundados provengan de donde provengan y los que desde hace unas semanas se vienen registrando en forma coordinada por diferentes actores".