Con una caída en la mayoría de los delitos tradicionales, el nuevo boletín semestral del Ministerio del Interior muestra un “panorama relativamente positivo” según las autoridades.

Pero, en entrevista con En Perspectiva, el politólogo Diego Sanjurjo alertó por una realidad más compleja: el crecimiento sostenido de las estafas y extorsiones, que revelan que Uruguay enfrenta “una criminalidad distinta” y necesita herramientas nuevas para comprenderla y combatirla.

Sanjurjo es el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), creada recientemente para renovar el enfoque del ministerio sobre los datos del delito. El primer boletín de esta unidad —presentado este lunes— incluye por primera vez 15 indicadores desagregados, y un informe especial sobre estafas.

“Tenemos que aggiornarnos a una criminalidad que ya está instalada en el país”, señaló. “Durante años hablamos de homicidios, hurtos y rapiñas, pero hoy los desafíos también son digitales, complejos, muchas veces invisibles”.

El fenómeno más llamativo es el de las estafas, que se dispararon en la última década: pasaron de 1.333 denuncias en 2013 a más de 31.000 en 2024, un aumento del 2.000%. Pero Sanjurjo aclaró que el número real es muy superior, ya que solo se denuncia uno de cada diez casos, y apenas una de cada 100 denuncias termina en una imputación.

“El daño patrimonial que generan las estafas ya supera al de cualquier otro delito. Muchos uruguayos pierden US$ 40.000 de un día para el otro y no lo contamos como un gran problema”, indicó. El ministerio comenzó un estudio para comparar las pérdidas económicas por estafas con las causadas por rapiñas, y los primeros datos “apuntan a un impacto mucho mayor del que imaginábamos”.

Además, las estafas rara vez involucran contacto físico, lo que retrasa o desalienta la denuncia. En muchos casos el afectado tarda semanas o meses en darse cuenta. Y como el sistema aún exige ir a una comisaría o a una unidad específica, la respuesta del Estado todavía no se ha adaptado al fenómeno.

“Queremos que estos datos generen cambios. Ya se está trabajando en campañas de prevención y en fortalecer la unidad de cibercrimen. Pero también tenemos que repensar cómo y dónde se denuncia, cómo se investiga y cómo se juzga este tipo de delitos”, planteó Sanjurjo.

Otro eje de preocupación es la extorsión, que fue incluida por primera vez como indicador en las estadísticas. Según Sanjurjo, este delito es una “puerta de entrada del crimen organizado”, y ya genera estragos en países como Ecuador, Colombia o Perú. “En esos países todos los negocios, periodistas o políticos sufren amenazas. Uruguay no puede esperar a llegar a ese escenario para actuar”, advirtió.

La AECA también está trabajando en sumar indicadores sobre lavado de activos, corrupción y trata de personas, con vistas a un anuario más completo a fin de año. Según el jerarca, el antiguo observatorio de criminalidad “tiraba datos sobre la mesa”, pero sin análisis, mientras que ahora se busca producir evidencia útil para diseñar políticas públicas.

“Ya no alcanza con saber si bajó la rapiña. Hay que entender por qué, qué fenómenos la reemplazan y cómo protegernos de lo que viene”, resumió. En ese sentido, recordó el caso de la violencia en cárceles, donde el informe relevó múltiples homicidios en personas privadas de libertad: “Son personas bajo tutela del Estado. Hay una violencia persistente que no se puede seguir ignorando”.

Consultado por experiencias internacionales, Sanjurjo reconoció que algunos países avanzan en plataformas digitales para denuncias de ciberdelitos, pero señaló que deben existir garantías legales. “Una denuncia falsa puede tener consecuencias graves. Hay margen para innovar, pero con responsabilidad”.

Finalmente, destacó que los datos no deben quedar en manos de los técnicos. “Esto tiene que mover la aguja. Policía, fiscales, jueces y ciudadanos tienen que entender que los delitos cambiaron y que el crimen organizado se adapta más rápido que nosotros. Si no actualizamos nuestras herramientas, nos pasa por arriba”, concluyó.