La tragedia que atravesó el INAU en estas semanas exige una reflexión serena, pero también firme. No se trata solo de hechos dolorosos, sino de una secuencia que desnuda fallas estructurales y una sorprendente frivolidad en el ejercicio de la responsabilidad pública.
Conviene separar los planos. Por un lado, están los tres episodios graves que sacudieron a la institución y que deberían haber obligado a sus autoridades a permanecer en alerta, con presencia y con conducción. Por otro, está la decisión difícil de comprender de que sus tres jerarcas principales —presidenta, vicepresidente y directora general— tomaran licencia simultáneamente, dejando como única autoridad activa a la representante de la oposición. La coincidencia no puede atribuirse a un descuido. Es, como mínimo, una señal de desatención. Como máximo, es la consumación de un vacío de poder que la República no debería permitirse.
El Estado, en cualquier área sensible, puede tolerar desacuerdos políticos; lo que no puede tolerar es el vacío. Las licencias simultáneas, en pleno escenario de crisis, no constituyen solo una discusión sobre calendarios administrativos. Revelan un orden de prioridades. Y ese orden, cuando se trata de niños y adolescentes bajo protección estatal, debería ser innegociable.
La reacción posterior agravó el desacierto inicial. El intento de disimular la ausencia de autoridades utilizando la cuenta oficial del organismo —con mensajes destinados a insinuar que todo funcionaba con normalidad— no fue solamente torpe. Fue una infantilización de la comunicación pública. Varios periodistas habían verificado días antes, con las propias secretarías de los jerarcas, que estos estaban efectivamente de vacaciones. Intentar cubrir ese hecho evidente solo añadió un elemento inquietante. La manipulación institucional desde un canal oficial, un recurso del Estado usado para un propósito político. Intentar cubrir ese hecho evidente solo añadió un elemento inquietante: la utilización de los recursos comunicacionales del Estado para construir una realidad paralela.
Un organismo encargado de proteger a los más vulnerables no puede darse el lujo de manipular información básica ni de incurrir en falsedades verificables. Cuando el relato pretende sustituir a la realidad, lo que se erosiona es la legitimidad institucional, ese cristal que, una vez roto, es casi imposible de reconstruir.
También llama la atención el silencio administrativo. Los pedidos de informes cursados al organismo permanecen sin respuesta. Ese silencio no es neutro. Es una forma de gestionar. Gestionar sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin asumir que el control republicano es parte del contrato democrático. Un organismo estatal no responde por cortesía; responde porque la Constitución lo exige y porque la transparencia es la única barrera contra la arbitrariedad.
La retórica de “la prioridad son las infancias” pierde valor cuando los hechos muestran otra cosa. Gobernar no consiste en emitir consignas de buena voluntad, sino en actuar, estar presentes, corregir, anticipar. No alcanza con proclamar sensibilidad social; hay que demostrarla en la gestión diaria y, sobre todo, frente a la adversidad.
Lo ocurrido en el INAU no necesita interpretaciones rebuscadas. La mala gestión estuvo a la vista. Ausencia simultánea de autoridades en una situación crítica, ocultamientos improcedentes, falta de respuestas a los mecanismos de control y un manejo inadecuado de las contingencias que afectó la credibilidad institucional. Las autoridades no fueron deslegitimadas por una polémica política externa. Quedaron deslegitimadas por sus propias decisiones en un país donde, afortunadamente, la sociedad todavía distingue la gestión real de la simple puesta en escena.
Uruguay ha construido, con esfuerzo, un sistema público donde las instituciones importan y donde la responsabilidad no es una palabra de ocasión. Desoír esa tradición es siempre un error. Hacerlo en el organismo que protege a los niños, niñas y adolescentes es, además, una falta moral.
No hacen falta discursos inflamados para comprender la gravedad. Alcanzan los hechos. Y esos hechos obligan a pedir explicaciones claras, decisiones correctivas y, sobre todo, una conducción que esté a la altura de la misión que la sociedad le encomendó. Sin presencia, sin transparencia y sin responsabilidad, ninguna institución puede cumplir su tarea. Mucho menos el INAU. Esa es la diferencia entre gobernar y simplemente ocupar un despacho.