Algún día iba a ocurrir. El gobierno promoverá una legislación contra el hábito de fumar que limitará el derecho a fumar en lugares con público, aumentará los impuestos y limitará la publicidad de cigarrillos en el horario de protección al menor de la televisión. Un recetario que incluye censura previa, manipulación estadística, intromisión en la propiedad privada e interferencia en la comercialización de un producto legal. La vieja lógica de la caza de brujas: alguien tiene que encarnar el mal. Una vez más, el control social se disfraza de bien común.

¿Es cierto que los fumadores generan mayores costos a la sociedad? ¿No sería justo que se aumentaran los impuestos sobre los cigarrillos? ¿Por qué los no fumadores tienen que respirar el humo de los fumadores? ¿No consagra la Constitución de la República el derecho del Estado a legislar en la materia? Hablar sobre los perjuicios de fumar sería llover sobre mojado, pero un análisis desapasionado de las cifras y los argumentos que manejan los propios militantes antitabaco arroja resultados sorprendentes. De paso, aporta un poco de cordura entre tanto terrorismo verbal.

Muertos más, muertos menos

Según los antitabaquistas unos 5.500 uruguayos mueren al año a causa del tabaquismo. En este rubro como en tantos otros, los militantes antitabaco no se ponen de acuerdo, así que tomemos la cifra mayor, para que nadie nos acuse de minimizar sus consecuencias. También se nos dice que 1 de cada 4 uruguayos morirá a causa de ese hábito, aproximadamente el 25 por ciento de la población. Sin embargo, según el Instituto de Estadística en el Uruguay mueren unas 34.000 personas por año. Por lo tanto, la cantidad de muertes a causa del tabaquismo (aquellos cinco mil quinientos) no es el 25 por ciento sino el 16 por ciento. Esto no le quita trascendencia al problema del tabaquismo, pero atenúa su impacto sanitario. Es que el rigor matemático no es el fuerte de los antitabaquistas.

Salud y seguridad social: ¿mayores gastos o ahorro fenomenal?

Según la Facultad de Medicina, el gasto del país por el tratamiento de los fumadores y el tiempo laboral perdido es de 400 millones de dólares al año. Gracias a los antitabaquistas sabemos que la tercera parte de los uruguayos fuma. En el sistema público el dinero sale de los impuestos que pagamos los contribuyentes, por lo que la tercera parte de ese costo fue aportada por los propios fumadores. Tenemos entonces que los no fumadores abonarían por las consecuencias del tabaquismo ya no 400 sino 280 millones de dólares. Al igual que con las muertes, las cifras son significativas pero se atenúan considerablemente. Pero eso no es todo. A esos 280 millones habría que descontarle todavía unos 80 millones de dólares que se recauda por concepto de impuesto sobre el tabaco. La cifra final baja de 400 a 200 millones de dólares, la mitad de lo que se nos decía. Es que el entusiasmo militante no tiene límites. Sobre todo cuando se busca a justificar una legislación tan saludable como antojadiza.

Todavía nos queda resolver un asunto moral de la mayor importancia: por qué el no fumador va a pagar las consecuencias de un vicio que no tiene. La alternativa podría ser establecer una cuota más cara para los fumadores. Claro que debería hacerse lo mismo con otros hábitos de consumo y estilos de vida que generan iguales o peores consecuencias sobre la salud. ¿Qué habría que hacer con los no fumadores que abusan del alcohol, de las grasas, del azúcar refinado, de los psicofármacos o de la vida sedentaria? Al menos si se quiere disimular la discriminación contra los fumadores, debería tenerse en cuenta estas falacias.

Pero esto no es todo. Podríamos deducir cuánto se perderá el fisco por el aumento del contrabando derivado del aumento en la carga tributaria. Pérdida que ya existe, en especial en los barrios más pobres, donde se vende una cajilla legal por cada tres de contrabando. Todo indica que si la diferencia de precios entre los nacionales y los bagayeados aumenta (ya es más del doble) también va a aumentar el contrabando y la evasión. Pero si usted se quedó pensando en esos 200 millones de dólares que se fuman los no fumadores, se está perdiendo lo mejor.

Los uruguayos destinamos el 14 por ciento del PBI al pago de pasividades, lo que, a fines de este año, significará unos 1.800 millones de dólares anuales. Gracias a los antitabaquistas sabemos que un fumador vive entre ocho y diez años que un no fumador. También nos dicen que uno de cada cuatro uruguayos se muere a causa del tabaquismo. Por lo tanto, como esos años perdidos no son de contribución al BPS sino de retribuciones jubilatorias, el Estado uruguayo se ahorra cada año la cuarta parte de lo que tendría que pagar si no hubiera fumadores, unos 600 millones de dólares.

Aún descontándoles los 200 millones de dólares que la sociedad gasta por las consecuencias de su pernicioso hábito, los fumadores dejan cada año unos 400 millones de dólares por pasividades no cobradas. Eso es lo que podríamos llamar un ahorro considerable. A menos que se dude de las cifras de los militantes antitabaco, que los fumadores no tengan la mortalidad que se les atribuye o que algún otro guarismo haya sufrido los embates del entusiasmo sanitario. Un entusiasmo que se contagia por el mundo. Una verdadera epidemia, moralizante y despótica.

Suertempila

Gerardo Sotelo

P.D.: En la próxima entrega: adicciones, derechos y otras hierbas.