Organización critica la misoginia de la Justicia en caso de madre procesada en Rivera

Esta semana informábamos, en base a un parte divulgado por el Poder Judicial, que un juez de Rivera dispuso el procesamiento con prisión de una mujer que, tras un "embarazo desconocido", dio a luz un bebé que falleció minutos más tarde por no haber recibido asistencia. La mujer dijo desconocer que estaba embarazada y negó haber querido quitar la vida al niño, pero el magistrado señaló que "fue su negligencia, su falta de cuidado y atención la que determinó el desenlace final".

La defensa de la mujer señaló que se trata de "una joven recién adulta, con faltas de conocimiento e información de los fenómenos orgánicos previos al parto así como del parto mismo". Concurrió a una escuela para personas con dificultades. Asimismo, según consta en el parte judicial consideró que el dolo "bien puede quedar descartado con alguna de las respuestas dadas, pues, ante el llanto presente en la indagatoria, se le preguntó al respecto y manifestó "tengo una angustia adentro mío, pensar que podía tener un bebé y no lo tengo (llanto)".

Tras ser interrogada por los ginecólogos y familiares en el hospital,"la mujer indicó a su madre que el pequeño se encontraba en un balde, envuelto en un buzo en el baño de la casa", pero pese a ser trasladado al centro médico no se pudo salvar su vida.  

Según la organización Mujer y Salud en Uruguay, "las circunstancias están narradas en la sentencia judicial de forma magistralmente misógina en un nuevo fallo de la justicia uruguaya que desnuda, una vez más, su nula perspectiva de género".

"El primer juicio de valor y la primera condena que ella recibió fue por parte de distintos profesionales de la salud que la atendieron en la emergencia del Hospital Departamental. Con un diagnóstico primario de aborto en curso le hacen una serie de exámenes ginecológicos, la derivan a la sala de maternidad y, seis horas después del ingreso, la primera pregunta que le hacen es: ‘¿dónde estaba el niño?'", narra la organización.

En el fallo hay testimonios de médicos, vecinos, parientes. "También las palabras de ella, que declara que había sentido dolores fuertes, pero no sospechaba que estaba embarazada; le dijo a su pareja que podía ser dolor de ovarios, pero que no iba a ir al médico porque ‘se va a reír de mí'. Se recoge en la sentencia el desconocimiento sobre su situación de embarazo así como su desmayo luego de parir sin ninguna ayuda y sin entender lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, el juez opta por responsabilizarla y culpabilizarla por no haber controlado su estado de salud y, obviando toda la situación descrita por ella, por sus familiares, por testigos e incluso por los médicos, concluye que la joven tenía una ‘gama de posibilidades que se abrían para actuar', exigiéndole otra conducta, aunque el magistrado reconoce que la joven tenía ‘faltas de conocimiento e información de los fenómenos previos al parto, así como del parto mismo'.

De género y algo más

"Fue su negligencia, su falta de cuidado y atención la que determinó el desenlace final", sentencia el juez. "La decisión del juez nunca fue desde el lugar de comprender las circunstancias de indefensión y vulnerabilidad y, por lo tanto, eximirla de la pena o procurar penas alternativas", razona MYSU.

La organización asegura que "todo se agrava con el hecho de que la policía quiso detener a la joven dentro del establecimiento educativo cuando el juez emitió la orden". La comunidad educativa "impidió que esto sucediera, protegiéndola, lo que habla del involucramiento responsable de docentes y autoridades de dicha institución".

"No es la primera vez que se procesa en Uruguay a una joven por homicidio ante estas circunstancias. Ninguna institución del Estado interviene antes para prevenir y atender estas lamentables situaciones. Sólo se les aplica el Código Penal, se las procesa y se las envía a la cárcel. Ellas son las únicas que pagan cuando las responsabilidades son, por lo menos, compartidas. Las instituciones del Estado, en este caso nuevamente desde el Poder Judicial, intervienen desde un paradigma inquisitivo, condenatorio y particularmente perverso con las mujeres pobres", continúa.

"Exigimos que el Poder Judicial garantice la formación permanente en derechos humanos de sus integrantes así como el conocimiento y uso de las herramientas jurídicas que aseguren la justicia de género. También deben controlar la actuación de sus operadores porque el análisis de sus fallos da cuenta de los sesgos de género y de los prejuicios con los que actúan reforzando estereotipos y reproduciendo condenas sociales", prosigue.

Denunciaron también la actitud e intervención de "aquellos profesionales de la salud que, en lugar de atender a una mujer en esta situación, la maltratan, menosprecian y juzgan". Los profesionales de la salud "no son jueces ni policías y su función no es condenar sino asegurar una atención de la más alta calidad sin importar el nivel socio-educativo y los motivos de la persona que la requiere".

"Exigimos la inmediata libertad de esta joven y la efectiva intervención de todas las instituciones involucradas para que esto ocurra", concluyen.