En un giro significativo en la política migratoria estadounidense, el Departamento de Estado instruyó a sus consulados y embajadas a considerar enfermedades crónicas como causal suficiente para denegar visas, tanto temporales como permanentes. La orden fue emitida a través de un cable diplomático fechado el 6 de noviembre y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
El documento, obtenido por The Washington Post, establece que condiciones como obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y trastornos mentales podrían representar una “carga pública” para el sistema de salud estadounidense, y por tanto justificar la denegación de visados. Esta decisión se enmarca en la doctrina de “carga pública” que la administración Trump ha impulsado como eje central de su política migratoria.
“Deben tener en cuenta la salud del solicitante”, señala el cable. “Ciertas afecciones médicas […] pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”.
Según fuentes internas del Departamento de Estado, el documento fue redactado sin seguir los canales habituales de revisión técnica y profesional, lo que ha encendido alertas tanto dentro como fuera del organismo. Expertos en inmigración advierten que la nueva política otorga un margen de discrecionalidad inusualmente amplio a los funcionarios consulares.
“Esta directriz permite denegar visas basándose en condiciones comunes, que jamás se habían considerado motivos de inadmisibilidad por sí solas”, dijo el abogado Vic Goel desde Virginia.
Una política con impacto directo en América Latina
Los países latinoamericanos podrían ser particularmente afectados por esta normativa. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad afecta al 24% de los adultos en América Latina y el Caribe, y enfermedades como la diabetes tienen una prevalencia creciente en la región.
Esto podría traducirse en un incremento significativo de las denegaciones de visa, tanto para trabajadores calificados (H-1B), estudiantes, visitantes temporales y quienes buscan reunificación familiar.
Además, el cable instruye a evaluar otros factores como la edad del solicitante, la cantidad de dependientes a su cargo y la existencia de discapacidades, lo que ampliaría aún más el universo de potenciales rechazados.
El nuevo criterio afecta también a los solicitantes de residencia permanente, aunque no se aplicará a refugiados y otros casos humanitarios. No obstante, muchos de estos programas han sido reducidos o desmantelados por la administración actual.
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