Por Gustavo Descalzi
El Tribunal Penal de 2° turno de Buenos Aires imputó al cantante argentino Elian Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, por estafa después de que empresarios uruguayos lo denunciaran en Uruguay y en la vecina orilla por incumplir con acuerdos en shows que iba a dar en Tacuarembó.
El cantante de RKT fue imputado junto a su abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes, a su representante y mánager Maximiliano Benjamín Barbaccia, a su mánager y pareja de Barbaccia, Lourdes del Valle Medina Manaure, además de otras personas señaladas como partícipes necesarios o integrantes de la organización.
La denuncia fue presentada en Argentina por el abogado Juan Pablo Merlo, en representación de los empresarios uruguayos que aseguran haber sido estafados por L-Gante tras la suspensión de los shows contratados en Tacuarembó, Artigas y Bella Unión, así como por la apropiación del dinero adelantado.
En diálogo con Montevideo Portal, Merlo afirmó: “Presentamos la denuncia con todas las pruebas, y la Fiscalía entendió que existían elementos suficientes para solicitar la calificación de estafa y pedir la imputación de los citados. Aportamos más de 140 páginas de texto, contratos, comprobantes de pago y videos en los que L-Gante promociona y anuncia las fechas de sus shows en Uruguay”.
Al ser consultado sobre por qué también denunció al abogado del músico, Merlo señaló que “tenía un poder general, aun cuando sabía que desde L-Gante no podía salir de su país desde julio por tener medidas cautelares”.
“El juez evaluó las pruebas y consideró que debía ser imputado. Ahora, el Tribunal Criminal y Correccional nº 2 de CABA entendió que los imputados tienen otras causas abiertas en distintos juzgados, por lo que pidió unificarlas en el Juzgado 39. Payarola, por ejemplo, tiene una denuncia del jugador de la selección argentina Gonzalo Montiel, y existen causas contra otros artistas representados por Maxi el Brother, también por estafa. Por eso considero que estamos ante una inminente detención de los imputados”, agregó.
Merlo también denunció a la representante Lourdes del Valle, quien tiene un approbation firmado en Mercedes. También involucra a quien actuaba como vendedor, Thomas País —quien cobró los adelantos—, y a Gimena Alemo Guerrero, socia de Payarola.
La causa también podría ser considerada por la Justicia como un delito de “asociación para delinquir”. “Si el juez lo interpreta así, podría corresponder esa figura, porque aún no está claro quién se quedó con el dinero ni cómo operaba internamente la empresa. Además, ustedes ya informaron que L-Gante inició una demanda contra sus representantes y apoderados por sospechas de faltante de dinero y deudas que debían haberse regularizado, como la del doctor Alejandro Cipolla. Lo cierto es que mis clientes uruguayos nunca recuperaron el dinero ni se cumplieron los contratos, e incluso se les intentó exigir más pagos, generándoles un perjuicio económico mayor”, expresó.
Tal como informáramos, en octubre de este año el abogado Martín Sosa inició la acción legal contra L-Gante en representación de empresarios de Tacuarembó, Artigas y Bella Unión, quienes aseguran haber sido engañados tras abonar anticipos por presentaciones que finalmente no se realizaron, los días 26 y 27 de setiembre.
Además del delito de estafa, el abogado confirmó que se está evaluando incluir otros cargos, como apropiación indebida y hasta una posible asociación para delinquir. A esto se suma una denuncia paralela que será presentada en Argentina por el letrado Juan Carlos Merlo.
“Estamos ante un claro caso de engaño y estafa, en el que nuestros clientes han sido muy perjudicados”, sostuvo Sosa en diálogo con Montevideo Portal. “No solo se incumplieron los contratos, sino que además no se devolvió el dinero y hubo conductas reiteradas que podrían configurar un accionar criminal organizado”, agregó.
Negociaciones fallidas y entorno comprometido
Según relató Sosa, hubo varias instancias de negociación con el entorno del artista, en las que incluso se reconoció el vínculo contractual y se ofreció una compensación económica. Sin embargo, la suma ofrecida “no alcanzaba ni un tercio del perjuicio económico” sufrido por los empresarios.
En la denuncia también se incluiría a Tomás, el vendedor que actuó como nexo en Uruguay, a Maxi el Brother, representante de L-Gante, y a Lourdes, su pareja y mánager, señalados como partícipes activos en la maniobra.
“Nadie se puede lavar las manos. Hay registros de pagos en Uruguay y Argentina, audios que vinculan a todos los actores y hasta videos en los que el propio L-Gante promociona los shows que luego no realizó”, explicó el abogado.
Restricción de salida y presuntas maniobras para ocultarla
Uno de los elementos centrales en la denuncia es la supuesta ocultación de una restricción judicial que impedía a L-Gante salir de Argentina. A pesar de que había trascendido en los medios, la producción negó reiteradamente esta situación y aseguró a los empresarios que el cantante tenía “autorización de salida”.
Incluso, según Sosa, se enviaron fotos y videos desde aeropuertos para dar la impresión de que el viaje estaba confirmado.
“El mismo día del show, a las 14:00, les dijeron que llegaría en avión privado. A las 18:00, empezaron a pedir reprogramar. Fue una actitud desprolija y engañosa. Hasta su mánager decía que lo de la restricción era un invento de la prensa”, señaló.
Reiteración de conductas similares
El abogado también mencionó que los antecedentes recientes del artista, como la suspensión de shows en Salto y Tala el mes anterior, podrían ser considerados por la Justicia como parte de un patrón de conducta reiterada.
“Nuestros clientes cumplieron todo, incluso con pedidos extras. Sienten que fueron engañados y decidieron ir a fondo, acá y en Buenos Aires. No hay posibilidad de reprogramación: quieren ser resarcidos”, afirmó.
Las denuncias buscan no solo una compensación económica, sino también que se investigue si el entorno del artista actuó en conjunto para ejecutar estas acciones.
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