Los vínculos laborales del Estado en 2016 fueron 1730 menos que los del año anterior, según consta en un informe presentado este jueves por el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) Alberto Scavarelli.

El jerarca presentó este jueves un informe incluido por la ONSC en el proyecto de Rendición de Cuentas entregado esta semana al Parlamento por el ministro de Economía Danilo Astori. El informe recoge que al 31 de diciembre de 2016, el Estado tenía 267.553 vínculos laborales, una cifra menor que los 270.089 vínculos que se registraban a la misma fecha de 2015.

También hubo un decrecimiento de los vínculos con contratados que no tienen la categoría de funcionarios públicos. En las empresas públicas hubo 1020 menos y en el Poder Ejecutivo 921 menos.

En conferencia de prensa, Scavarelli explicó que se cuentan los "vínculos" y no la cantidad de funcionarios, debido a que un trabajador puede tener más de un vínculo con el Estado si conjuga cargos administrativos con cargos docentes.

Scavarelli informó que el total de funcionarios representa el 17% de la población activa y destacó que existe una "tendencia a la estabilización" en esa cifra, menor que el 20% de 1995, por ejemplo.

El jerarca dijo que sólo hubo aumento de contratos en la educación y la salud, con 4079 ingresos en el último año. De esa cifra, 2642 vínculos ingresaron a la ANEP, donde hubo un proceso de "regularización de más 350 contratos a término de servicios de limpieza de las escuelas y contratos de docentes por proyectos, que son exclusivos para quienes ya tienen un vínculo docente".

Scavarelli defendió ese incremento señalando que "si el gobierno tiene como cometido central estos sectores, no hay milagros", ya que "o hay mayor cobertura docente y médica o es una simple declaración de propósitos".

El jerarca dijo además que el gobierno apunta a "bajar los vínculos de forma racional" y evitando "un cierre del ingreso como se ha dado en otras oportunidades". En ese sentido, recordó que desde el 1° de enero de 2017 los ingresos requieren la aprobación de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO).