La jueza Andrea Aita aceptó el jueves pasado el pedido de la fiscal Valentina Sánchez y formalizó a los tres jóvenes acusados por abuso sexual en Valizas. Si bien la fiscal había pedido una prisión preventiva de 120 días, la jueza accedió a rebajar ese plazo y determinó que deberán permanecer recluidos durante 60 días.

Sánchez tipificó a los tres por el delito de "abuso sexual" y no de "violación". En efecto, el delito de abuso sexual abarca, según el Código Penal, a quien "por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona".

El reporte fiscal da cuenta de las declaraciones de la joven y la forma en que se produjeron los hechos.

El 31 de diciembre de 2018, se encontraban en Valizas la victima junto a una amiga, hospedadas en una cabaña en el camping denominado Melo.

En el mismo lugar se encontraban alojados en carpas los imputados (uno de ellos es amigo de la hermana de la víctima).

El día 1 de enero de 2019, en horas de la madrugada y tras festejar el comienzo del año, la víctima, su amiga, los imputados y otras personas coincidieron en el espacio común del camping.

Después de un par de horas la amiga de la víctima se retiró a la cabaña, y ella permaneció junto a los imputados en el lugar; acordaron ir al centro del balneario, para lo cual previamente fueron a la carpa de los imputados en busca de marihuana. Así lo hicieron tres de los imputados (un cuarto, amigo de ellos, no quiso participar).

"Encontrándose la víctima y los imputados en la carpa, estos prevaleciéndose de su superioridad numérica penetraron a la víctima sin el consentimiento de ella, tal como lo exige el tipo penal", señala el documento fiscal.

Del certificado médico forense se constata presencia de eritema con un tiempo de curación de 15 días, sin otras lesiones. La médica forense expresó que existe compatibilidad entre el resultado del examen físico y el relato de la víctima, y agrega que "no presenta otras lesiones, lo cual no descarta la violencia sexual dado a que se está frente a una mujer de edad genital activa".

En su informe, la psicóloga forense expresó: "Sobre los hechos que se denuncian es clara en expresar que lo ocurrido no fue consentido por ella. En varias oportunidades habría expresado a los involucrados su negativa a tener relaciones sexuales con ellos y realizado intentos de evadirlos, impidiéndole ellos el paso, mostrándose insistentes a pesar de su negativa verbal".

La víctima expresó: "Lo que más me violentó fue cuando me empezaron a decir vamos, vamos y yo decía que no y seguían y yo decía que no."

Refiere haber sentido en determinado momento que sus intentos eran infructuosos, no logrando reaccionar de una manera más agresiva, sino quedándose pasiva ante lo que le ocurría sin su consentimiento y expresa: "Nadie me sacudió, pero yo quería pasar y me impedían el pasaje...yo nunca les pegué, iba actuando pasiva".

Motivos y explicaciones

La pericia concluyó que se trata de una víctima que en situaciones de estrés importantes responde con actitud pasiva en lo inmediato, sintiéndose impotente y angustiada, necesitando de un tiempo de procesamiento mayor para poder reaccionar de forma más agresiva. El relato de los hechos es "un indicador fiable de la ocurrencia de los mismos, relato con detalles, ubicado en el tiempo y espacio, coincidente con el relato brindado por ella en la primer oportunidad".

También surgen sentimientos de culpa, angustia, temor y vergüenza a lo largo de la entrevista sostenida, en relación al hecho y a la exposición pública que ha tomado el caso.

Para la especialista en criminología Laura Quiñones Urquiza, "la respuesta de la víctima es consistente ante la respuesta de un ataque y más aún si se teme por la integridad física".

La fiscal pidió prisión preventiva porque "se presumen de forma legal elementos de convicción suficientes en cuanto a la existencia de riesgo de fuga, de ocultamiento, entorpecimiento de la investigación, y riesgo para la seguridad de la víctima".

"La victima debe ser protegida teniéndose en cuenta que dos de los imputados viven en la misma zona que ella y que todos ellos podrán influir y presionar en forma negativa tanto a ella como a su familia", señaló la fiscal.

"Se debe tener presente que los delitos sexuales, al tener tanta repercusión y trascendencia social llevan a que los imputados generalmente legitimen su conducta y busquen ocultar su accionar por todos los medios posibles. Es así que los imputados en la investigación admiten haber mantenido relaciones sexuales con la víctima, pero aseguraron que fueron consentidas", agrega.