UCU: en 2021 subió 20% la conflictividad laboral y hubo cinco conflictos con ocupaciones

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) presentó su informe anual de conflictividad laboral, el que se titula “Las relaciones laborales en el 2021 y perspectivas para 2022”.

El documento, que fue elaborado por el Departamento de Estudios Organizacionales con la colaboración del Departamento de Derecho de la Universidad, describe “las principales características del contexto económico y jurídico con énfasis en los temas que más inciden en las relaciones laborales, las estrategias de los actores en este período, un análisis de la conflictividad laboral y de los resultados preliminares de la novena ronda de negociación en el sector privado y reflexiones de cara al 2022”.

En cuanto al primer punto, las autoras del trabajo, Eloísa González y Graciela Mazzuchi, destacan que la pandemia y sus efectos fueron determinantes, por la caída de la movilidad y de la actividad económica, y por el cambio de expectativas de los actores del sistema laboral: el gobierno, los empresarios y los trabajadores (representados en los gremios).

En este marco, durante este año la conflictividad laboral aumentó un 20.6% respecto al año pasado (promedio enero y noviembre de 2021 respecto a enero y diciembre de 2020). “Era algo previsible luego de las bajas cifras registradas en 2020 cuando Uruguay atravesó el peor momento de contagios y fallecimientos por covid 19 lo que provocó el cese de algunas actividades como espectáculos públicos, servicios vinculados al turismo, comercios y cierre de fronteras. Así mismo hubo aforos en ómnibus, en clubes deportivos luego de que se abrieran y se establecieron horarios restringidos en restaurantes y bares. También se exhortó al teletrabajo tanto en empresas públicas como privadas, en la medida en que esto fuera posible y se recomendó el aislamiento social”, puntualiza el documento.

“Numerosos trabajos señalan que existe un vínculo positivo entre el nivel de organización sindical y la conflictividad laboral. Si bien el movimiento sindical uruguayo tiene un número de adherentes importante hay que considerar que la movilización, la concentración de trabajadores, las lecturas de proclamas son frecuentes cuando se realizan paros y esto en algunos momentos del año pasado no fue posible”, expresa el informe.

Además, recuerda que Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, señalaba en una entrevista reciente que para el movimiento sindical siempre es más fácil organizar ambientes de trabajo colectivo que trabajadores aislados, y las autoras aclaran que “si bien se refería a la afiliación esto seguramente incidió en la baja conflictividad en el primer semestre del año”.

“Si además se repasa la literatura sobre los vínculos entre la conflictividad y el contexto económico lo que ocurrió también es coherente: cuando cae al producto cae la conflictividad laboral dado que los trabajadores consideran que no es un buen momento para realizar sus demandas, lo mismo que cuando aumenta el desempleo ya que los trabajadores están más vulnerables y es más costoso para estos realizar paros ya que su posición relativa frente a los empresarios es peor”, expresa.

Por otra parte, agrega que “lo que no se cumplió fue el vínculo previsto por la teoría entre la caída del salario real y el aumento de la conflictividad laboral”, ya que “se estima que la conflictividad sube cuando los salarios disminuyen y viceversa”. En ese sentido, considera que “una interpretación posible para este hecho es que el contexto en que se realizan estos estudios difiere de manera radical al de una pandemia mundial”. En resumen: “En medio de esta crisis del mercado de trabajo la estrategia seguida por el movimiento sindical uruguayo fue, considerando el contexto, la firma de una pauta salarial por un año que implicaba una rebaja del salario real”.

El escenario cambió en el segundo semestre del año, cuando “la vacunación aumentó en forma acelerada, se fueron retomando actividades que estaban suspendidas y la economía viene mostrando varias señales de mejora”.

“Volver a la presencialidad en casi todas las actividades sumado a que se comenzaron a notar mejoras en la economía en general y en el mercado de trabajo en particular y a que en el segundo semestre del año comenzó la novena ronda de negociación salarial luego de una caída del salario real, provocó un aumento de la conflictividad laboral. Si bien el aumento fue significativo, sitúa al 2021 -promedio enero-noviembre- en niveles medios o medio bajo si se analiza lo ocurrido desde 2000 en adelante”, sostiene el informe que elabora la UCU desde 1995.

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Cifras

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 se registraron 79 conflictos con interrupción de actividades que involucraron a 782.870 trabajadores y por los que se perdieron 749.645 jornadas laborables.

El informe agrega que en el año hubo dos paros generales: el 17 de junio un paro de 24 horas convocado por el PIT-CNT “contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario” y el 15 de setiembre, también nacional de 24 horas, convocado bajo la consigna “con Artigas por las grandes mayorías nacionales” en rechazo a la rebaja del salario, a los recortes en la Rendición de Cuentas y a las modificaciones planteadas en el puerto, ANCAP y ANTEL.

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“En comparación con otros años este es un número relativamente bajo. Si bien es difícil establecer una tendencia suelen registrarse entre cuatro y seis paros generales por año, aunque ha habido excepciones (por ejemplo, hubo doce en 2002 y solo uno en 2014)”, dice el documento.

“En cuanto a las ocupaciones el número bajó luego de que fuera aprobada en 2020 la ley 19.889 y su decreto reglamentario (281/020) por el cual si se produce una ocupación el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá convocar a una instancia de conciliación, sin perjuicio de intimar a la desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Si persiste la misma el MTSS le solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes”, expresan las autoras.

En síntesis, “durante el 2021 hubo cinco conflictos con ocupaciones: en marzo en el rectorado y la facultad de derecho por modificaciones en una ordenanza interna; en julio, en el marco de un conflicto por dilatorias en el cumplimiento de acuerdo, en OSE los trabajadores ocuparon varios locales; en agosto se ocupó la oficina central de ANCAP y luego la planta Capurro por el posible cierre de ALUR y en octubre se ocuparon varios liceos públicos en el marco de un paro por negociación colectiva y elección de horas”.

Todas las ocupaciones “duraron unas horas”, agregan.

Sobre el final del trabajo, las autoras aclaran que “el Índice de conflictividad laboral es un número cuyo objetivo es medir las huelgas” y que “relaciona las jornadas perdidas por paros con las jornadas laborables y por lo tanto pondera correctamente el peso de cada paro en el total (un paro general impacta fuertemente en el índice y uno de una empresa de 100 trabajadores durante 10 días impacta mucho menos porque implica menos jornadas perdidas)”.