En las últimas horas, se dieron fuertes repercusiones sobre el traslado del fiscal Alejandro Machado: según informó La Diaria, el magistrado pasará a liderar la Fiscalía de Cibercrimen —una unidad creada tras el Presupuesto— y quien lo sustituirá en la Fiscalía de Delitos Económicos será Diego Pérez.

Machado se encontraba liderando varias investigaciones de alta relevancia política, principalmente las denuncias presentadas en el marco del caso Cardama, la destrucción del documento público en Torre Ejecutiva vinculado al caso Marset y la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, entre otras.

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda consideró que los traslados en la Fiscalía “son lo más normal del mundo”. “Todos saben dentro de la Fiscalía que Machado hace diez meses o un año está pidiendo para salir de esa fiscalía. La información que yo tengo es que se hizo un sondeo de los fiscales que querían ir a la nueva Fiscalía de Cibercrimen y el primero que pidió para ir fue Machado”, dijo en una entrevista en el programa Cinco sentidos (Canal 5).

“Acá hay tres fiscalías de Delitos Económicos; las tres siempre van a tener causas polémicas de alto perfil político, inevitablemente. Si yo tengo que esperar a que no tengan ninguna para trasladarlos, no los traslado nunca. Si el propio fiscal es el que solicita trasladarse, no hay ninguna mano negra de ningún tipo”, agregó.

Además, Ojeda señaló que “los propios frenteamplistas se quejan del no avance” en la causa que investiga la destrucción del documento en Presidencia, pero “a su vez se enojan porque trasladan a Machado”. “Es lo mismo que en el caso de Charles Carrera: se quejaba todos los días de que [Silvia] Porteiro no avanzaba y cuando llegó Sandra Fleitas y avanzó en poco tiempo se quejó de que era muy rápido”, añadió.

Uno de los primeros pronunciamientos en filas del Frente Amplio fue justamente el de Carrera, dado que el traslado de Machado coincidió con la acusación en su contra por parte de Sandra Fleitas, quien solicitó una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años y una multa cercana a los $ 2 millones por el caso que lo investiga por presuntas irregularidades en la atención médica de un ciudadano en el Hospital Policial tras haber sido baleado involuntariamente por un efectivo.

“Fui víctima probada de espionaje por denunciar la entrega del puerto; luego, me armaron una causa. El mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset, a mí me pidieron cuatro años de prisión. Hoy comienza el juicio, y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia”, escribió el exlegislador en su cuenta de X.

Mientras tanto, senadores actuales de la fuerza política de izquierda también generaron suspicacias y expresaron su preocupación sobre este asunto: Nicolás Viera lo tildó de “raro”, Eduardo Antonini dijo que el traslado “extraña y preocupa” y Daniel Caggiani lo definió como “muy raro” porque se dio “sin justificación alguna”, teniendo en cuenta los casos que tenía a cargo.