Testigos y víctimas de homicidios, narcotráfico, copamientos y rapiñas siguen relegados

El 2 de noviembre de 2017 comenzó a regir en Uruguay un sistema de justicia penal basado en el (por entonces) nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que estableció un modelo acusatorio que encarga a la Fiscalía la atención de víctimas y testigos. Casi cuatro años después, la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación (FGN), creada a partir del nuevo CPP, presentó un informe sobre la política de atención y protección a víctimas y testigos en el período comprendido entre 2017 y 2020, lapso que denominan "etapa fundacional".

"Al día de hoy, los principales resultados de la política de atención y protección a víctimas y testigos de los delitos en Uruguay, son de carácter conceptual en tanto se ha diseñado y puesto en marcha, una nueva política pública, dirigida a una población que había sido excluida del sistema de justicia", expresa un informe presentado este miércoles ante el Comité Técnico Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos.

"Se ha creado un servicio de atención innovador con método, programas y protocolos validados que permite atender y proteger a las víctimas y testigos en la justicia penal, en forma objetiva, rigurosa y eficaz", agrega el informe de la UVyT, que detalla que la cobertura alcanzada fue progresiva en esa etapa brindando atención a más de 10.000 víctimas y testigos en todo el país, a cargo de 27 técnicos que ingresaron por concurso público.

El informe sostiene que "la política de atención y protección a VyT va dirigida en forma universal a todas las personas en esa condición procesal; esto es, a víctimas y testigos de todos los delitos". Sin embargo, "la caracterización de la población atendida en esta primera etapa fundacional se evidencia cierto continuismo en la tradición de población atendida en el sistema de justicia y su trato procesal: son más víctimas (84%) que testigos; y marcando una tendencia hacia a la atención y protección especialmente de las víctimas de Violencia Basada en Género y con foco especial en los delitos sexuales (21% Violencia Doméstica y 43.5% Delitos Sexuales)".

"Es en este tipo de delitos donde el sistema de justicia visualiza la necesidad y vulnerabilidad de las víctimas y la posibilidad del trabajo interdisciplinario desde la victimología. La evidencia muestra, que se ha visualizado menos la necesidad del acompañamiento a los testigos en tanto actores claves en el proceso penal acusatorio, así como el trabajo con las víctimas de delitos violentos como homicidios, estupefacientes, copamientos, rapiñas. Históricamente estas víctimas han quedado invisibles para el sistema de justicia, por lo tanto, visibilizarlos como tales es parte del trabajo que exige esta etapa", alerta el informe difundido en el sitio oficial de la FGN.

Magro pero deja huella

"En términos cuantitativos aún es magra la cobertura y responde a múltiples factores, entre ellos: a) el cambio cultural organizacional en el sistema de justicia que exige integrar a las víctimas y testigos de los delitos, y reubicarlos con un lugar absolutamente nuevo, activo y desafiante; b) la exigencia de integrar destrezas, conocimientos y habilidades interdisciplinares que trascienden el campo disciplinar del derecho para el abordaje de estos nuevos actores en forma eficiente y eficaz, c) que los escasos recursos procesales se centren en la necesidades y perfiles de las víctimas de los delitos, d) la compleja trama institucional del sistema de justicia que requiere armonizarse al nuevo sistema procesal penal, e) los magros recursos asignados a la FGN para esta materia, que no habilitó siquiera la mínima presencia de recursos técnicos en todas las sedes, adecuación de las sedes, infraestructura de programas especiales. En la misma línea los magros recursos designados a la defensa pública (Poder Judicial) de las víctimas, obstaculizando la participación efectiva de las víctimas con asistencia letrada", sostiene el informe.

Por último, plantea que "este tipo de programas y servicios pensados focalmente en las necesidades específicas de las víctimas y testigos de los delitos apunta directamente a mitigar la revictimización y brindar las garantías para el acceso a la justicia", y considera que "aún con magra cobertura, y con frágiles mecanismos y recursos institucionales, el alto impacto de las buenas prácticas es lo que tracciona los cambios institucionales y permite instituir nuevos modelos de trabajo, en este caso que instalen la inclusión de las víctimas en el sistema penal acusatorio". 

"Los desafíos aún son enormes pero los logros alcanzados casi cuatro años, dejan la huella para seguir avanzando", concluye.