El lavado de activos no es solo un delito: es un mercado internacional, con oferta, demanda y servicios que se transan como en cualquier otro sector de la economía. Tampoco es una novedad en Uruguay. Se remonta al menos a la apertura financiera de los años 70, que sentó las bases para un entramado legal y simbólico que existe hasta hoy.

Todo esto es el preámbulo de la caracterización que hace el investigador, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología y docente Gabriel Tenenbaum de las personas que en Uruguay están detrás de inyectar al mercado legal dinero ilícito hoy: los “vendedores de cuchillos”.

Tenenbaum, con Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne, bautizó así en su libro homónimo a quienes —desde la legalidad aparente— facilitan los engranajes del lavado. No son narcos ni mafiosos, sino profesionales de clase media o media alta, con educación y saberes especializados, que diseñan estructuras jurídicas, financieras o contables al servicio del dinero sucio.

“Como el herrero que forja un cuchillo sin importar si servirá para cortar un churrasco o matar a alguien. Ellos fabrican herramientas legales sin preguntarse para qué se usarán”, explica.