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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso el inicio de un proceso disciplinario al juez letrado del interior que fue imputado por abuso sexual contra un adolescente en Florida.
La jueza letrada de 4º Turno de Florida, Victoria Abraham, decretó la formalización de la investigación contra el magistrado, quien realizaba suplencias en el interior del país.
Como medida cautelar dispuso arresto domiciliario por 180 días y además la prohibición de comunicación por cualquier vía o medio con el adolescente de 17 años por ese lapso.
En su resolución, la SCJ estableció que las conductas presumiblemente desplegadas por el magistrado encausado pueden catalogarse "de suma gravedad", razón por la cual, se le impuso la suspensión en el ejercicio del cargo y la retención total de sus haberes.
"En relación a la formalización del magistrado implicado en los hechos, la SCJ entendió que surgen pruebas que -a primera vista- aparecen como verosímiles y revelan el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el art. 112 num. 3 de la Ley 15.750 (Ley orgánica de la judicatura y de organización de los tribunales) puesto que permite conjeturar la existencia de conductas irregulares que comprometen el decoro de su ministerio", informó el Poder Judicial en un comunicado.
El numeral 3 del artículo 112 establece que "los jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria cuando por la irregularidad de su conducta moral comprometieren el decoro de su ministerio".
La audiencia
La defensa del imputado, Victoria Pereira, presentó un recurso de apelación contra la formalización, el que fue rechazado.
Por su parte, la fiscal pidió la prisión preventiva como medida cautelar, bajo el argumento de que existe peligro de fuga y constituye un riesgo para la seguridad de la víctima.
Sin embargo, la jueza entendió que no existen "elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer la investigación, ni que la medida sea necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad", por lo que dispuso como medidas cautelares los 180 días de arresto domiciliario y la prohibición de comunicarse con la víctima.
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