La Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió un comunicado en el que detalla cómo es el proceso de ingreso de funcionarios al Poder Judicial. Esto se da en respuesta a “versiones totalmente erróneas que circulan en la prensa”, señala el texto fechado este lunes 22 de abril y al que accedió Montevideo Portal.
Aunque la misiva no lo nombra, fuentes del Poder Judicial confirmaron a Montevideo Portal que la respuesta es a los dichos del senador frenteamplista Eduardo Brenta, que en una entrevista en el programa Desayunos informales criticó la “discrecionalidad” y las “designaciones directas” en el ingreso a trabajar en el Poder Judicial.
“Vamos por todo: vamos por las comisiones técnicas mixtas, de Salto Grande y del río Uruguay, ¿por qué no? Y vamos por el Poder Judicial, con los ingresos y con los ascensos en la carrera”, comenzó planteando en el programa de Canal 12 antes mencionado.
Asimismo, el legislador, que ingresó al Parlamento tras la renuncia de Enrique Rubio, recordó que “expresidentes de la Suprema Corte de Justicia”, “argumentaron, a través de los medios de comunicación, que ellos preferían trabajar con sus familiares antes que con personas que desconocían”.
La SCJ comienza detallando que los funcionarios administrativos y profesionales entran a trabajar al Poder Judicial “exclusivamente por concurso de oposición y méritos”.
En cuanto a “los funcionarios auxiliares”, dice que la Rendición de Cuentas de 2023 eliminó esta categoría, “por lo que, tácitamente, esa norma derogó la posibilidad del ingreso de personas al cargo de auxiliar por sorteo”.
“En relación con el ingreso de magistrados, corresponde destacar que, desde hace muchos años, la Suprema Corte de Justicia decidió autolimitar sus potestades constitucionales (art. 239 Constitución), estableciendo por práctica la designación de ingreso de magistrados en función del orden de prelación resultante del listado de aspirantes a magistrados del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU)”, detalla el documento.
De este modo, primero ingresan aspirantes a realizar un curso de formación, quienes deben aprobar “tres pruebas de conocimiento, una evaluación psicotécnica y una entrevista con un tribunal, integrados por Ministros de Tribunales de amplia experiencia y sólidos conocimientos”.
“Solo quienes aprueban estas pruebas podrán ingresar a cursar el curso de aspirantes a magistrados”, agrega el máximo órgano judicial.
Además, “luego de ingresar, los aspirantes deberán cursar diversas materias teóricas y prácticas que, si son aprobadas, les permitirá acceder al cargo de juez de paz del interior”.
Brenta había dicho que “hoy existen comisiones que valoran los candidatos y las designaciones son directas en el Poder Judicial”.
Suprema Corte de Justicia descartó discrecionalidad en ingreso de recursos humanos al Poder Judicial https://t.co/qXbFBmwd2G pic.twitter.com/yOaodXCkHa
— Poder Judicial UY (@PJudicialUY) April 22, 2024
La Suprema Corte asegura que sí existe una comisión, pero que esta evalúa el ascenso de estos magistrados, y que “la amplia y plural conformación” de dicha comisión “permite garantizar la más absoluta transparencia en los listados de los magistrados más aptos para el ascenso”.
“En definitiva, como podrá apreciarse, de las diversas formas de acceso de personas para prestar servicio en el Poder Judicial, ninguna es opaca o discrecional. Muy por el contrario, el Poder Judicial se enorgullece de que las formas de ingreso sean absolutamente transparentes, en línea con las mejores prácticas democráticas y republicanas que garantizan que todas las personas tengan las mismas oportunidades”, culmina el comunicado.
En la entrevista con Desayunos informales, Brenta hablaba de la postura de su sector, Vertiente Artiguista, con respecto al plebiscito que impulsa el sector colorado Ciudadanos dentro del Parlamento para regular el ingreso de funcionarios a las intendencias.
El legislador contó que la Vertiente firmaría para habilitar la votación e impulsa que el Frente Amplio lo haga, pero con la condición de que la iniciativa se extienda al ingreso de todos los funcionarios del Estado.