Salle y Perrone plantearon que las FF. AA. “se involucren” en la seguridad de los fiscales

La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados se reunió de carácter urgente en la mañana de este lunes producto del atentado que sufrió la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en su domicilio de Brazo Oriental en la madrugada del domingo.

De la sesión participaron representantes de todos los partidos políticos. De todos ellos, quienes tuvieron una postura más dura en cuanto al asunto fueron los de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, Álvaro Perrone y Gustavo Salle.

En primer lugar, Salle reivindicó durante la sesión la aplicación del artículo 168 de la Constitución de la República para situaciones de “conmoción interna”. “El tan desacreditado pero no menos constitucional artículo que introduce las medidas prontas de seguridad, que es un instituto constitucional con control parlamentario estricto, introduce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se involucren en este tema”, afirmó.

“La cuestión es hasta qué punto eso es una solución, porque recuerdo que a partir de la investigación de las avionetas, hace cuestión de tres o cuatro años, se supo que recibían combustible de la Fuerza Aérea. Claro, ese es el poder de corromper que tiene el dinero”, agregó.

Además, pidió en rueda de prensa la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, y la del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. El representante de Identidad Soberana afirmó que Negro debe ser “destituido” por haber comenzado su mandato “diciendo que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida”.

El abogado basó su pedido sobre el exfiscal de Corte en que “ejerciendo la profesión” fue el defensor de la exvicecanciller Carolina Ache en el “caso más importante de narcotráfico en nuestro país”.

Por otra parte, Perrone dijo en rueda de prensa que de la comisión no iba a salir “nada que lleve a un cambio” en la situación que le tocó vivir a la magistrada, y afirmó que “es hora de ir a las acciones” porque “la ciudadanía y la Fiscalía esperan mucho más que señales”.

“Propusimos empezar un régimen de trabajo en la comisión y citar a Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior y de Defensa para analizar cuáles son las posibles penas de este delito, recoger su opinión y empezar un tratamiento con el presupuesto”, comentó.

Además, planteó que, si el Ministerio del Interior “no puede garantizar la seguridad” de jueces y fiscales, la tiene que brindar las Fuerzas Armadas porque constituye un “hecho de seguridad nacional” y que su partido sigue con la postura de la necesidad de declarar la emergencia nacional en seguridad pública, algo que ya había planteado Guido Manini Ríos.