El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Servicio de Paz y Justicia plantearon sus discrepancias con la aprobación del código de procedimiento policial por considerar que viola libertades individuales, ponen en riesgo la integridad física de la sociedad y no colabora con la seguridad ciudadana.

Ambas instituciones emitieron un comunicado conjunto con las conclusiones sacadas tras estudiar el nuevo código de procedimiento policial aprobado por el parlamento. En cuanto al tratamiento realizado por el Poder Legislativo, ambas instituciones valoraron las modificaciones realizadas, dado que los artículos que no fueron aprobaron eran claramente violatorios de la constitución.

Sin embargo, aseguran que varios de los que fueron aprobados, también lo son. Uno de los puntos más criticados es la habilitación de la detención de una persona sin una orden de un juez, aduciendo que al inicio del gobierno se eliminó el decreto que habilitaba esa práctica pero que luego con la aprobación de la ley, se aumenta su rango legal.

Otro de los puntos criticados es el de permitir allanamientos en lugares donde no hay mayores de edad, por lo que se expone a los niños a una situación de violencia.

"Hay un cierto grado de contradicción", señaló a Montevideo Portal el abogado de IELSUR, Martín Fernández, quien enfatizó que la seguridad ciudadana no se consigue suspendiendo libertades individuales.

"Eso es un camino de ida, después que empiezan a bajar las libertades individuales es difícil volver atrás (…) la seguridad ciudadana no se mejora dándole poderes a la policía", agregó Fernández quien señaló que la Rendición de Cuentas y la transparencia de la gestión policial son elementos que pueden contribuir a la seguridad ciudadana.