Reforma de ley antilavado: oposición dice tener consenso para cambiar texto del Ejecutivo

Este lunes 23 de febrero, la Cámara de Diputados votará el proyecto de reforma de la Ley Integral contra el Lavado de Activo (19.574). En conferencia de prensa, el diputado por el Partido Nacional Pablo Abdala se refirió a las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo y a los reparos que la oposición mantiene sobre varios artículos del proyecto.

El proyecto de reforma de la ley antilavados había sido aprobado por el Senado en octubre, y aprobada en forma general por la Cámara de Diputados en diciembre—con el único voto en contra de Identidad Soberana—, pero postergando la votación en particular de los artículos hasta febrero. “Tenemos coincidencias, por ejemplo, en cuanto a los nuevos delitos que se establecen como precedentes de los lavados de activos: los ciberdelitos, el fraude, los delitos ambientales. También en relación a nuevos sujetos obligados que antes no estaban previstos en la legislación, como los fideicomisos no fiduciarios, entre otros aspectos”, señaló Abdala.

No obstante, el diputado blanco enumeró varios puntos en los que la oposición no está de acuerdo y buscará modificar el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Uno de los artículos más polémicos es el que amplía las facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), habilitándola a requerir e incautar información a organizaciones privadas, empresas y estudios jurídicos sin necesidad de autorización de un juez. 

“Es algo a lo que la oposición siempre se opuso y tenemos avanzado un acuerdo con el Partido Colorado para presentar un sustitutivo que establezca la obligatoriedad de la autorización judicial previa”, afirmó Abdala. Según explicó, el objetivo es “dar garantías y evitar excesos y abusos a la hora de realizar este tipo de fiscalizaciones”.

Las discrepancias con el oficialismo también alcanzan a la modificación del régimen de debida diligencia simplificada —que elimina algunos supuestos que hoy permiten aplicar controles menos estrictos cuando el riesgo es considerado bajo— o la ampliación de cinco a diez años del plazo de conservación de registros y documentación por parte de los sujetos obligados. 

Asimismo, Abdala destacó como iniciativa de la oposición la incorporación expresa de las operaciones de compra-venta con activos digitales dentro del régimen antilavado. “En todo eso, tenemos un principio de acuerdo en la Coalición Republicana, y seguramente también con Cabildo Abierto por las conversaciones que hemos mantenido”, confesó.

No obstante, el diputado blanco reconoció que aun existen diferencias internas en dos asuntos. El primero es la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos prevista en el proyecto. “El Partido Nacional está en contra de suprimirla, el Partido Colorado en principio también, pero tiene que procesar este tema internamente. Cabildo en principio nos transmitió una mirada favorable así que probablemente lleguemos a un acuerdo el próximo lunes”, indicó Abdala.

El segundo punto es la reducción del tope máximo para el uso de efectivo en transferencias y negocios jurídicos, que pasaría de 1.000.000 de unidades indexadas —tope establecido en la Ley de Urgente Consideración—a 270.000. “Ahí no hay un alineamiento total entre los partidos de la coalición, pero solo en ese ítem. En el resto de los aspectos, hay un nivel de consenso muy alto y generalizado que nos tiene entusiasmados y por lo cual podríamos modificar la ley que el gobierno pretende aprobar”, concluyó.