Proyecto del FA propone quitar hasta por dos años la libreta a conductores de Uber

Tanto los gobiernos municipales como el gobierno nacional continúan buscando alternativas para regular y controlar a la aplicación Uber. Son varios los proyectos que se han manejado; desde una regulación general de aplicaciones tecnológicas a la figura del "conductor arrepentido" o la propuesta de cobrar una "oblea digital" a los "transportistas digitales". El más reciente de estos intentos apunta exclusivamente contra el transporte -no contra otras plataformas de economía colaborativa- y amenaza con perjudicar directamente al conductor.

Se trata de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo firmado por el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo (en trabajo conjunto con el director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame), que fue enviado ya a la bancada de diputados del Frente Amplio. Según el diario El País, que accedió al documento, establece que a los conductores de Uber y aplicaciones similares se les retendrá la libreta de conducir hasta por dos años.

El proyecto establece además la habilitación a los funcionarios de los ministerios de Interior y Transporte, y gobiernos departamentales, a controlar el transporte oneroso de personas (no sólo de Uber).

Si se comprueba que una persona conduce un vehículo transportando uno o más pasajeros sin estar habilitado "se le retendrá el permiso de conducir" y se podrá suspender su libreta por un año en la primera infracción, indica el texto del proyecto al que accedió a El País. En caso de reincidencia la sanción podría extenderse hasta dos años. Todo esto además de las multas previstas.

Si no se exhibe la documentación habilitante para el transporte de pasajeros se considerará "una presunción de infracción a dicha normativa".

Otro artículo de la ley prevé la aplicación de medidas cautelares como la imposibilidad de realizar transferencias de fondos del infractor .

Este nuevo proyecto apunta a las aplicaciones de transporte en forma particular, mientras la "Ley de Servicios prestados mediante el uso de medios informáticos y aplicaciones tecnológicas", que se analiza actualmente en el Parlamento, apunta a crear un marco jurídico general para todas las plataformas de economía colaborativa.