Cambios en proyecto de “Ley Uber” apuestan a marco jurídico general

En las últimas horas, desde el Poder Ejecutivo se propusieron algunas modificaciones al texto de la "Ley de Servicios prestados mediante el uso de medios informáticos y aplicaciones tecnológicas", que se analiza actualmente en el Parlamento.

El ingeniero José Clastornik, director de la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) dialogó con Montevideo Portal acerca de estas modificaciones que pretenden, en términos generales, trasladar el "foco" de la normativa al contralor de los servicios en sí mismos, y no a la plataforma (informática o no) que utilicen. Así se evitaría "matar al mensajero".

"Manteniendo la filosofía de tener una ley que habilite la reglamentación particular de cada caso, lo que se pretendió fue hacer explícito que la ley se debe focalizar en regular los servicios que son dados en el Uruguay sobre las plataformas, y no regular las plataformas sobre las que se dan los servicios", explica. Así, la revisión supone eliminar el artículo 2º del proyecto original, que consagraba lo contrario.

"La lógica que hay detrás de eso es doble. Por un lado, responde a la dificultad de generar gobernanza sobre aplicaciones que están en el ciberespacio. Hay una dificultad en cuanto a la norma jurídica aplicable en estos casos, lo que complica después la capacidad de actuar efectivamente sobre los temas que se pretende regular".

Por otra parte, se deja en claro que no se está en contra de que la economía colaborativa "haga uso de las herramientas que permitan nuevas formas de comunicaciones entre los proveedores de servicios y sus consumidores". Más bien se trata de "fortalecer las capacidades de regulación de los servicios que se están brindando en el Uruguay, utilicen o no estas herramientas".

Para Clastronik, si la ley funcionara de manera opuesta a esa filosofía y pusiera énfasis en controlar la plataforma y no los servicios, "surgirían dificultades técnicas de ejecución, y tampoco sería un buen ejemplo desde el punto de vista de las nuevas posibilidades que el mundo de Internet provee hacia la nueva economía".

Por el contrario, "si lo que se regula son los servicios existentes en el país y que hacen uso de esa plataforma, sí se tiene la capacidad de regular los servicios, de chequear que cumplan todas las normas que se desee aplicar, y se le da instrumentos a quien tenga que normar. Porque acá hay otro tema: La dificultad de crear una normativa genérica para la casuística enorme que hay en el uso de estas plataformas".

Por ello, para no naufragar en un mar de casos particulares diferentes, "lo ideal es que cada institución que tenga los cometidos de regulación sobre un tema específico, regule sobre su área, tanto si se trata del uso de estas plataformas tecnológicas, como si no sucede. En el caso de que sí las usen, lo que queremos es proporcionarles herramientas para que puedan auditar lo que pasa, y generar mecanismos de sanción si correspondiera".

"Ese punto es muy importante en la lógica de cómo está estructurada la ley, (...) es un marco para habilitar a que cada organismo especializado regule lo que le corresponde regular", añade.

¿Y cómo se les cobra?

Interrogado acerca de la capacidad técnica y el modo de hacer que empresas como Uber paguen impuestos y aportes, Clastornik recuerda que entre las modificaciones planteadas esta semana al proyecto de ley, "se solicitó que se haga mención específica al tema de los gravámenes impositivos, y se trabaja con la DGI para presentar una redacción adicional que lo especifique".

En ese sentido, "se mejoró la redacción, proponiendo agregados que permitan utilizar el sistema financiero, en particular el Banco Central, para determinados elementos que puedan ser de ayuda en la investigación, para entender y auditar a los prestadores de servicios, y eventualmente para algún tipo de sanción si correspondiese".

"Lo que se da son herramientas para que el regulador pertinente pueda, precisamente, regular", destaca.

Una solución europea para los problemas de los uruguayos

El proyecto que se estudia en el Parlamento tiene puntos de contacto con las normas comunes para las plataformas de economía colaborativa que la Unión Europea propuso recientemente a todos sus Estados miembros.

"El planteo fue similar. De hecho, tomamos algunos casos específicos que están en el comunicado de la UE como referencia de lo que sería una buena práctica internacional", expresa.

En el documento sobre las economías colaborativas redactado por la UE, "se explicitan las dificultades existentes para la regulación directa", en la misma línea que lo planteado en nuestro país.

"Menciona ejemplos muy claros, y parecidos a los que manejamos aquí, como la diferencia entre una plataforma que actúa prestando un servicio, y otra que informa sobre un servicio", puntualiza.

"Como ejemplo, Uber podría ser un ejemplo de lo primero, y Pedidos Ya de lo segundo. No tienen nada que ver en su funcionamiento, porque en cada caso la relación contractual entre quien da y quien recibe el servicio es totalmente distinta. En Pedidos Ya hay un contacto con distintos proveedores, mientras que en el de Uber hay un precio fijo y un estándar de calidad establecido por el servicio", refiere.

"También hay diferencia entre un servicio brindado de manera profesional y otro que se brinda, por ejemplo, en tiempo libre. No es lo mismo tener una casa en alquiler de modo permanente que tenerla en alquiler mientras el dueño está de vacaciones. Por no hablar de plataformas que no son onerosas". En ese sentido, cabe recordar la intención de la Cámara de Telecomunicaciones de regular WhatsApp.

El proyecto europeo y el uruguayo coinciden en la dificultad o inviabilidad de establecer una regulación específica para cada caso particular, y apuestan a, "crear marcos que permitan que el que tiene el cometido regulatorio en cada caso, cuente con las herramientas legales para hacerlo" en el rubro que le corresponde.