El espíritu del proyecto, tal como fue planteado por Lamorte, se basa en que el Estado debería garantizar a las personas la seguridad necesaria y cuando esto no ocurre, está omiso en esa obligación.

En este sentido, el proyecto presentado faculta al Poder Ejecutivo a abonar esta suma de dinero a las personas que debido a episodios delictivos violentos pierdan a un integrante de su núcleo familiar.

La indemnización se realizaría a través de un Fondo de Solidaridad de Infortunios Violentos que se conformaría con los aportes provenientes del 1% de los seguros que se comercialicen tanto por el Banco de Seguros del Estado, así como por las aseguradoras privadas.

Se trata de prestaciones que se abonarían sin perjuicio de las demás que se perciban por parte de otras entidades públicas o privadas.

Es un monto de dos salarios mínimos que será percibido durante el resto de la vida por la o el cónyuge o concubino, así como por los hijos con discapacidad y los hijos menores hasta su mayoría de edad. Lamorte entiende que la pérdida de un familiar cercano provoca, además del lógico dolor, un problema económico a resolver.

"La sociedad está mirando como hacia un costado, parece que es sólo una noticia y qué desgracia que le tocó a alguien, cuando todos somos responsables y el Estado fundamentalmente, que no cubre con la necesidad de tener una seguridad adecuada para todos los uruguayos", dijo Lamorte a la prensa luego de la presentación del proyecto.