El diputado frenteamplista Federico Preve respaldó al presidente de ASSE, Álvaro Danza, ante un nuevo pedido de renuncia de la oposición. El reclamo surgió porque Danza firmó la resolución de una licitación de camas de CTI en la que participaba la Asociación Española, institución en la que trabajaba hasta hace algunos meses.

La polémica radica en que el mandatario del prestador público incumplió el artículo 72 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), que prohíbe taxativamente que los ordenadores de gastos o funcionarios públicos intervengan en procesos de contratación con empresas privadas con las que hayan mantenido vínculos laborales o profesionales en los 12 meses anteriores a la resolución.

Preve enmarca la situación en un cambio en la forma de contratar de ASSE, que, según dijo, dejó atrás las compras directas de la administración anterior para apostar por licitaciones y procesos competitivos. En ese sentido, destacó que se trata de la primera licitación pública centralizada de camas de CTI para el área metropolitana en la historia del organismo.

En entrevista con Montevideo Portal, el diputado también hizo un balance de los primeros seis meses de implementación de la Ley de Muerte Digna y profundizó acerca de su proyecto de servicios especializados en salud pública, que propone que los profesionales recién egresados dediquen, durante dos años, entre el 10% y el 30% de su carga horaria a trabajar de forma remunerada en lugares con déficit de especialistas, sobre todo en ASSE en el interior.

DANZA Y LA GESTIÓN DE ASSE

En primer lugar, Preve respaldó al presidente de ASSE, Álvaro Danza, ante el nuevo pedido de renuncia de la oposición, y sostuvo que la firma de la resolución de una licitación en la que participaba la Asociación Española, institución en la que trabajaba hasta hace unos meses, fue “un error administrativo” que “se asume y se está subsanando”.

“El error se asume. Lo que pasa es que el contexto me importa mucho, porque el contexto es de dejar de desviar fondos públicos a empresas privadas, y sobre todo discrecionalmente a empresas particulares. Si uno mira los gastos desde ASSE a las empresas por todo concepto, ve que algunos se sostienen, otros bajan y ninguno se incrementa. Los gastos a la Asociación Española, que es donde trabajaba Danza, se mantuvieron e incluso disminuyeron. Por lo tanto, no hay un enriquecimiento de absolutamente nadie. Si hay un error administrativo se asume, y se está subsanando”, afirmó el legislador.

Preve explicó que el error se dio en el marco de la primera licitación pública centralizada de camas de CTI para el área metropolitana en la historia de ASSE. El proceso, según dijo, fue competitivo, permitió la presentación de todos los prestadores y no fue observado por el Tribunal de Cuentas. En ese esquema, la Asociación Española quedó en cuarto lugar en el orden de prelación.

El diputado contrapuso ese mecanismo con el de la administración anterior, encabezada por Leonardo Cipriani durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Siempre se hicieron compras directas, y nosotros las hemos denunciado porque estaban digitadas claramente hacia empresas amigas o afines y enriquecieron contundentemente a esas empresas”, sostuvo.

Según indicó, el error “ya estaba en vías de solución desde la semana pasada” y se resolvió este viernes en el directorio. Además, apuntó contra el Círculo Católico, que impugnó la licitación tras quedar fuera de la compra de camas.

“Decidí respaldar porque me parece que la gestión de ASSE vinculada con la compra de medicamentos, con el desarrollo de la empresa pública (tomógrafos en todo el país, el SAME en todo el país, la estrategia de desarrollo de CTI públicos, acuerdos público-público con el Hospital de Clínicas, con el Cudim, con el Militar, con el Policial) y un proceso licitatorio donde prima la transparencia no pueden quedar opacados por un error. Y además, cuando se cometen errores, hay que asumirlos”, expresó.

Consultado sobre los pedidos de renuncia de la oposición —vinculados al caso Soledad Barrera— a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, Preve los atribuyó a un posicionamiento del Partido Nacional. “No ha habido pedidos de renuncia por parte del Partido Colorado ni de otros partidos de la oposición. Creo que es una forma de ataque en forma de defensa de su gestión. Creo que está dentro de las reglas de juego de la actividad política”, señaló.

DATOS DEL INE SOBRE POBREZA

El diputado fue uno de los tantos actores del oficialismo que celebraron en redes sociales el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el que la pobreza bajó al 14,8% en el primer semestre del año, frente al 17,7% del registro anterior.

“Lo primero es que falta mucho, pero estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto con un rumbo correcto: el rumbo del crecimiento del país, un crecimiento con redistribución, un crecimiento que tiene más salario, que aumenta las jubilaciones, que aumenta las pensiones. Que haya casi 100.000 uruguayos menos en situación de pobreza habla de que estamos en el camino correcto”, afirmó.

No obstante, habló de “pequeños resultados”. “Si bien la satisfacción puede ser muy grande, todavía nos duelen mucho los cientos de miles de uruguayos que están en situación de pobreza o aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos casi medio millón de uruguayos que ganan 30.000 pesos. También estamos abocados a eso”, sostuvo, y mencionó como desafío la pobreza infantil, “uno de los indicadores más complejos que tenemos”.

SEIS MESES DE LA LEY DE MUERTE DIGNA

Preve, neurólogo y uno de los principales defensores de la ley que regula la eutanasia, hizo un balance positivo de los primeros seis meses de implementación de la norma. “Para nosotros es consolidar un derecho, es una ampliación de los derechos y libertades individuales en un país progresista, liberal y democrático, en un país que tiene más de 100 años de avances en derechos”, afirmó.

El legislador inscribió la ley en una tradición que, según dijo, comenzó con la secularización del Estado y siguió con el voto femenino, el divorcio por sola voluntad de la mujer y la educación pública como derecho, y que en los últimos 20 años sumó el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, destacó que Uruguay es el país número 11 en regular la eutanasia a través de una ley. “Regula la situación de una enfermedad que es incurable, irreversible, en una situación de sufrimiento, y ahí le otorga la libertad y le transfiere la posibilidad de elegir a esa persona. Esto no obliga a nadie”, sostuvo.

Preve repasó el proceso que llevó a la aprobación, que definió como “prácticamente ocho años de discusión”. Según explicó, el debate comenzó en el ámbito médico entre 2017 y 2018. Luego tomó estado público con el caso de Fernando Sureda y se amplió en 2020 con el proyecto presentado por el entonces diputado colorado Ope Pasquet. Tras no lograr su aprobación en la legislatura anterior, la iniciativa se retomó en 2025 en un proceso interpartidario.

Para el diputado, esa discusión también sirvió para que la sociedad abordara un tema que considera tabú. “Toda esa discusión también generó que la sociedad madurara un tema que es bastante tabú, que es hablar de la muerte, y cómo el sufrimiento que a veces enfrentamos con un amigo, con una familia, nos conmueve y nos remueve un montón de cosas. Hablar de esto durante un tiempo prudencial, dejar de esconderlo, también nos hace madurar como sociedad”, reflexionó.

Consultado sobre el debate en torno a las garantías, Preve defendió el diseño de la ley. Según explicó, el procedimiento exige la intervención de un primer profesional y una segunda opinión independiente. Si ambos están de acuerdo, el caso pasa a una comisión de revisión, que ya empezó a analizar los casos en el país. Si hay discrepancias, interviene una junta médica. “Es un sistema de amplias garantías, y lo hemos visto en estos seis meses de implementación: hay varias solicitudes denegadas, tanto por el primer como por el segundo profesional, o por juntas médicas inclusive”, explicó.

El legislador comparó el modelo uruguayo con el de Bélgica y Países Bajos, que tienen 24 años de aplicación “y ningún profesional procesado”, y lo diferenció del español, que, según dijo, incorporó “trabas burocráticas” que generaron dificultades a los pacientes y que ahora se busca modificar. “Yo quiero amparar un derecho humano de esa persona que tiene una enfermedad incurable, irreversible, que tiene un sufrimiento insoportable y un deterioro de su calidad de vida, a que pueda decidir, decir: ‘Bueno, hasta acá llego, no hay más, muchas gracias, y quiero cerrar mi vida de la forma que yo quiero’. Claramente, con garantías”, sostuvo.

Además, Preve explicó que, más allá de lo que establece la ley, en la práctica clínica el proceso es gradual. “No es en un día que un paciente te plantea esto, lleva varias consultas. Cuando uno toma decisiones complejas, y esta vaya si es una decisión compleja, generalmente consulta con otros colegas”, relató. “Acá el sistema de garantías es el explícito, y el que sí o sí se tiene que cumplir, porque si se aparta de eso no se está ante la muerte digna, no se está ante la eutanasia, sino que se está cometiendo un delito”, advirtió.

El primer informe anual de la comisión de revisión se conocerá a fin de año. Para el diputado, además del derecho individual, la ley aporta a la convivencia. “A las personas más religiosas, menos religiosas, más conservadoras o menos conservadoras esto no las obliga. A las personas que tienen una forma distinta les da la posibilidad de elegir. Entonces no vulnera ninguna percepción de la vida, sino que genera, a mi criterio claramente, un mejor mecanismo de convivencia entre las diferentes formas de pensar, y eso también es el Uruguay para mí”, concluyó.

ESPECIALISTAS PARA EL INTERIOR

Por último, Preve se refirió a su proyecto de servicios especializados en salud pública, que se discute en la Comisión de Salud de Diputados. La iniciativa propone que los profesionales recién egresados de más de 16 carreras de la salud dediquen, durante dos años, entre el 10% y el 30% de su carga horaria (de 4 a 16 horas semanales), de forma remunerada, a cubrir lugares con déficit de especialistas, en particular en ASSE en el interior.

“Viene un poco a patear el tablero. Hay gente que necesita un neurólogo en el interior, y de las 40 horas que vas a trabajar, 4 horas, 8 horas, nosotros te pedimos que durante dos años, y te vamos a pagar, trabajes acá porque hay gente que lo precisa”, explicó.

El proyecto incluye además incentivos económicos, como la posibilidad de descontar del IRPF parte de los aportes. “Nos parece que es una propuesta bastante uruguaya, equilibrada, en el sentido de ‘yo te voy a exigir un tiempo acotado, te voy a pagar, y por un tiempo prudencial’, para que el sistema de salud sea más equitativo y para que no haya gente con una salud clase B, cuando tenemos una inversión pública en salud bastante fuerte”, concluyó.