El Poder Ejecutivo divulgó este martes algunos detalles de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tendrá más de 170 artículos y será enviada "próximamente" al Parlamento.
En una entrevista para la revista "Políticas" - publicación oficial de la Secretaría de Comunicación de Presidencia - el director nacional de Telecomunicaciones Sergio De Cola indicó que el borrador del proyecto está actualmente a estudio del ministro de Industria Roberto Kreimerman y que el Poder Ejecutivo pretende que, antes de su aprobación, haya un debate de "aproximadamente un año".
Según indicó De Cola, la ley establecerá en uno de sus capítulos tiempos máximos para las concesiones de las frecuencias del espectro radioeléctrico, modificando la normativa actual, que no establece límites de tiempo. En ese sentido, la ley recogerá lo ya dispuesto por decreto en 2011, cuando se aprobó la reserva de frecuencias para medios comerciales, públicos y comunitarios.
La "fiscalización y regulación en materia de medios" recaerá sobre un nuevo organismo creado en la ley, de naturaleza similar a la actual Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC). Dentro de los cometidos de la nueva entidad estará cumplir con uno de los principales objetivos de la ley: "evitar la concentración de los medios, de manera de impulsar la democratización y la pluralidad de los contenidos".
En ese sentido, el artículo de "Políticas" anuncia que el proyecto incluirá la aplicación de mecanismos que "garanticen absoluta transparencia en la concesión de los permisos de explotación, de manera de evitar la concentración solapada a través del uso de testaferros por parte de los empresarios".
La nueva ley contempla además, en su primer capítulo, de "los derechos de las audiencias", al indicar obligaciones que tendrán que cumplir los titulares de las frecuencias. Además, se creará la figura del "Ombudsman de audiencias" para defender los derechos de los espectadores.
El mismo pasaje de la ley incluirá "garantías claras para el derecho a la libertad de expresión, con el fin de evitar cualquier tipo de censura previa" y defender los derechos de los permisarios de frecuencias. A su vez, se identificarán los derechos de los periodistas y de niños y adolescentes como espectadores.
"No es cierto que la mejor regulación sea la que no existe", dijo De Cola, al ser consultado sobre la regulación de contenidos. Al respecto, remarcó la necesidad de discutir cuáles serán los criterios para proteger especialmente a los menores de edad.
"Podemos discutir cuánto y con qué criterios regular. La propuesta en ese sentido es clara y no establece la regulación de los contenidos, sino que trata de establecer criterios para la protección de derechos, en particular de niñas, niños y adolescentes. Eso implica definir qué imágenes o qué tipo de contenidos se pueden emitir en el horario de protección al menor, lo cual incluye a la publicidad. Pensamos que tiene que quedar claro cuándo se está haciendo publicidad, y hoy existen mecanismos de publicidad no tradicional que tienden a confundir al espectador en ese aspecto", explicó el jerarca.
El secretario de la Presidencia Alberto Breccia también participó del debate, opinando que lo ideal es "tanta autorregulación como sea posible y tanta regulación como
sea necesaria". Para el secretario, los disensos que existen en los criterios ameritan una "corregulación" y una "red de contención en valores y educación".
En diálogo con la revista de Presidencia, Breccia plantea como interrogante la relación entre la agenda mediática y la realidad social, punto en el que los que señalan la influencia del rating tienen "algo de verdad".
"Yo puedo acordar con los dueños de los canales que ellos tienen que procurar ingresos y que para ello emiten lo que la gente quiere ver, pero de alguna manera eso también está inducido por lo que ellos emiten", explicó el secretario de Presidencia, contraponiendo que "la mayor responsabilidad" está en quienes tienen "esa capacidad tan grande de transmitir valores, y es a quien le podemos reclamar por ello".
Tres artículos en la Rendición de Cuentas
El artículo recuerda además que la Rendición de Cuentas correspondiente al 2011, que se encuentra actualmente a estudio del Parlamento, contiene tres artículos vinculados a la regulación de medios de comunicación.
Según consigna Presidencia, uno de los artículos - el 135 - refiere a la obligación de los medios de radiodifusión de brindar 15 minutos diarios "para la realización de campañas de bien público por parte de organismos públicos y públicos no estatales". Ese tiempo no será acumulable, en caso de que no sea utilizado totalmente cada día.
"Que quede claro que no es propaganda a favor del gobierno ni publicidad oficial", afirmó De Cola respecto del artículo.
En tanto, la Rendición de Cuentas también habilitará al Poder Ejecutivo a fijar el monto del canon que deberán abonar todos los que reciban permisos para utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico. De esta forma, se sustituye el sistema actual, en el que los permisarios de medios de comunicación no tenían que pagar por la utilización del espectro, cobrándose únicamente a las empresas de telefonía.
Está previsto que el monto a pagar dependa además de la naturaleza del permiso otorgado, es decir, si se trata de un medio televisivo o radial, de Montevideo o el interior y según la cantidad de clientes cuando sea un servicio para abonados.
Lo recaudado por el impuesto será destinado en un 50% a la ANEP y la otra mitad se dividirá entre el Ministerio de Industria y el de Educación y Cultura. Este punto fue modificado en pleno tratamiento de la Rendición de Cuentas por la bancada del Frente Amplio, con la intención de derivar más fondos a la educación.