La Policía de Bolivia detuvo a otros cuatro ciudadanos colombianos y al mismo número de bolivianos supuestamente vinculados a la seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Los efectivos dieron con los presuntos delincuentes en un nuevo operativo realizado en la ciudad de Santa Cruz (la misma donde Marset fue atrapado el viernes pasado), informaron el viernes fuentes oficiales.
El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano —encargado de lucha antidroga—, y jefes policiales de Santa Cruz presentaron ante los medios a un total de 15 personas acusadas de esa relación, entre ellas a los cinco colombianos y dos ecuatorianos aprehendidos el miércoles.
El capo uruguayo del narcotráfico fue detenido el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz e inmediatamente entregado a las autoridades de Estados Unidos, donde declaró en la jornada del viernes.
Los operativos policiales realizados esta semana también permitieron identificar hangares, pistas de aterrizaje clandestinas y espacios supuestamente destinados al almacenamiento de drogas. Además, se confiscaron equipos de comunicación, sistemas de internet satelital, combustible de aviación, proyectiles, equipamiento táctico y uniformes camuflados.
Justiniano dijo que también se está avanzando en el seguimiento a los bienes inmuebles con el objetivo de afectar también la capacidad financiera de la organización, según un comunicado del viceministerio.
El jueves, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo que los extranjeros supuestamente planeaban realizar atentados contra oficinas policiales de Santa Cruz.
El día que la Policía boliviana detuvo a Marset, también fueron capturados cuatro miembros de su cuerpo de seguridad más cercano, integrado por dos colombianos, un venezolano y una mujer uruguaya, Tatiana Marset Alba, familiar del acusado de narcotráfico.
Esta semana, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó en un comunicado que Marset enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión.
EFE
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