La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado este martes con respecto a la situación de los docentes del Liceo 1 de San José, que el pasado 25 de febrero fueron sumariados, con separación del cargo y retención del 50% de sus haberes.
Los docentes fueron sumariados por una fotografía en la que aparecían en la institución con pancartas contra la reforma Vivir sin miedo, que no fue aprobada durante el plebiscito de octubre de 2019.
Fenapes cuestionó el accionar de la Dirección General de Educación Secundaria al que califican de “alineado a definiciones político partidarias” y señalan que “rechazó un recurso de revocación a dicho sumario sin siquiera analizar los aspectos de fondo”. “Con un accionar dudoso y reñido con las garantías del debido proceso por una parte de quienes tienen a cargo la instrucción del proceso disciplinario”, agregan.
El sindicato señala que el pasado 10 de setiembre, “dos de las docentes sumariadas fueron notificadas de un informe del director de la División Jurídica que recomienda a la Dirección General de la Educación Secundaria la destitución de ambas docentes por violar el artículo 58 de la Constitución de la República, proselitismo, tergiversando en sus conclusiones declaraciones de testigos que evidencian lo contrario”.
En ese sentido, Fenapes manifestó “su más absoluto rechazo a un proceso de persecución política sindical, que, disfrazado bajo un manto de supuestas garantías jurídicas, nos retrotraen a prácticas que el país sufrió previo y durante la dictadura fascista en nuestra educación pública, que creíamos desterradas, pero que lamentablemente los hechos del presente evidencian un retorno de dichas prácticas, así como la existencia de resabios que comulgan con estas”.
El gremio criticó “el accionar contrario a derecho” de la Dirección General de Educación Secundaria, en especial “sus acciones contrarias al reconocimiento y garantía por el pleno ejercicio de derechos fundamentales, y un manejo con opacidad y poco apego a las garantías del debido proceso por parte de algunos quienes tienen la responsabilidad de instruir el procedimiento disciplinario, constituyen un deterioro de la institucionalidad democrática y republicana, que el Codicen de la Anep tiene la responsabilidad y obligación de corregir, particularmente con acciones concretas que detengan este proceso de persecución política sindical”.
Por último, en caso de que sea necesario, Fenapes promoverá denuncias y acciones pertinentes en ámbitos internacionales, “especialmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
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