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El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Manuel Petit, se refirió este viernes a la muerte de seis reclusos en el ex Comcar (Unidad Nº 4 Santiago Vázquez), luego de que un grupo de presos provocara un incendio en una celda en la que otros privados de libertad jugaban a las cartas.
En conferencia de prensa brindada en el Parlamento, Petit señaló que lo ocurrido en Módulo 4 “fue una desgracia muy grande y grave”.
“Seis muertes nos indican algo muy grave, algo que no debió ocurrir. Solamente basta ver la edad, los nombres. Los acontecimientos hablan por sí solos. Estos muchachos que fallecieron no deben ser un número más, no debemos olvidarlos. No es la primera vez que ocurren desgracias. Esta fue de una magnitud muy relevante y muy dolorosa. Se requiere una transformación del sistema. El Estado es responsable por aquellos daños que produce su acción u omisión”, apuntó el funcionario público.
En esta línea, Petit recordó que muchas veces las personas privadas de libertad no tienen asesoramiento jurídico, o “ni siquiera tienen familias o han perdido el contacto” que puedan seguirlos, apoyarlos.
“Este daño, civilmente, el Estado tiene la obligación de reparar. Así como los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con la ley y cuando no la cumplen son sancionados, muchas veces son enviados a la cárcel. No es una dádiva ni una acción de buena voluntad, cuando una persona está privada de libertad, el Estado tiene la obligación de dar tratamiento y un mínimo de estándares de condiciones de vida”, concluyó Petit, que presentó un informe sobre el incendio junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).
“El Estado fracasó”
En el informe, Petit y la Inddhh apuntaron que los “problemas estructurales en las unidades más complejas y carencias refieren a ausencias o limitaciones persistentes desde hace tiempo atrás, de políticas públicas insuficientes”.
“Murieron seis personas jóvenes, frente a los cuales el Estado fracasó, ya no solo en su obligación de dar oportunidades de rehabilitación, sino también en su obligación de preservar sus derechos fundamentales, como son el de la vida y el de la integridad personal”, indica el comunicado.
Después del hecho, quedan tres sobrevivientes, dos de ellos todavía internados y en tratamiento, mientras que otro fue dado de alta.
“Afortunadamente, vivimos en un país plenamente democrático y el marco electoral, además de tiempo de debate, evaluaciones y contrapuntos, es también tiempo de análisis y propuestas para reformas que trascienden gobiernos, administraciones y períodos legislativos, pero que se relacionan con el derecho a la vida de todas las personas. En otras palabras, este tiempo electoral y este tema deberían ser vistos como la oportunidad de lograr un acuerdo que todos los partidos se comprometan a ejecutar una vez finalizada la elección, sea cual sea el ganador y con el compromiso de apoyo irrestricto de los demás”, reclamaron.
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