El comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, presentó su último informe anual sobre la situación del sistema carcelario, que corresponde al año 2024.

Petit deja así su rol tras 10 años en el cargo y pasará a integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

De acuerdo con el documento, el año pasado hubo 57 casos de muerte bajo custodia, el segundo año más alto que se tenga registro (el primero fue 2021, con 86). Esa cifra se puede dividir en 36 muertes violentas (18 homicidios, 15 suicidios, dos accidentales por intoxicación y una caída de altura en una causa que sigue sin aclararse) y 21 no violentas (de las cuales tres “no se han podido esclarecer del todo las causas”.

En este marco, Petit dio una conferencia de prensa en la que subrayó que a su oficina le “sigue preocupando mucho la situación del sistema carcelario”. “Más de un 40% de las personas privadas de libertad no tiene accesos a tratamientos, asistencias, posibilidades de internalización y está en una situación que calificamos de trato cruel, inhumano y degradante”, alertó.

Estado se situación

El informe elabora, así, una serie de propuestas para “una nueva etapa de reformas penitenciarias que son necesarias”, discursó Petit.

“Sin duda que es muy difícil que el sistema penitenciario se reforme si no logra parar el aumento de la población privada de libertad”, afirmó el comisionado parlamentario. En este sentido, si bien consideró que “claramente” quien comete un delito “debe debe pasar por el proceso que investigue y aclare qué fue lo ocurrido”, hizo hincapié en que “la cárcel no puede ser la única manera de pagar, subsanar o ponerse al día en la rendición de cuentas con la sociedad”.

Según explicó, la cárcel “es un mecanismo” y aseveró que hay otros disponibles, como las medidas alternativas, es decir, las no privativas de libertad.

“Es muy importante recalcar que Uruguay tiene dos personas privadas de libertad por cada persona con medidas alternativas. Los países que han logrado tener más seguridad, más integración y un sistema carcelario mucho más rehabilitador tienen por lo menos una cifra inversa, donde la cárcel es la medida más fuerte, la excepción, y la medida alternativa se aplica a una cantidad de otros hechos”, puntualizó.

De acuerdo con el documento, Uruguay se encuentra decimotercero en la lista de países con mayor tasa de prisionalización en el mundo, con 456 por cada 100.000 habitantes (el primero es El Salvador, con 1.659 por cada 100.000 habitantes).

Sugerencias

De esta manera, Petit habló sobre tres propuestas de reformas legales para atender la situación carcelaria.

En primer lugar, mencionó el volver a la suspensión condicional de proceso, lo que “permite que personas que cometieron delitos leves realicen determinadas acciones reparatorias, de tratamiento o asistenciales para que vean superado ese expediente judicial”.

En segundo lugar, instó a “repensar el sistema de redención de pena”. “Sabemos que es un tema polémico, que se puede pensar que los delitos muy graves no deben redimir pena”, reconoció Petit, pero apuntó a que el país no tiene cadena perpetua (por lo que todos los privados de libertad van a ser liberados “tarde o temprano”), por lo que “parece importante que tengan una luz —aunque lejana— para poder educarse, trabajar y prepararse para la libertad”, manifestó el comisionado parlamentario saliente.

Respecto a este punto, acotó que se dejó “abierto” a los legisladores para que debatan acerca de qué manera se redime la pena. “Nosotros cumplimos con poner el tema arriba de la mesa”, mencionó, y añadió que también se plantea una “ revisión de pena a graduar” por los legisladores para toda la población penitenciaria “porque es un mecanismo que permite que las personas adhieran a los mecanismos en los cuales la rehabilitación se vuelve posible”.

“Todos necesitamos estímulos, algo que nos dé un sentido a movernos y cambiar de lugar en el que estamos. Si no logramos que la persona que cometiera un acto violento cambie el lugar en que está, su proyecto de vida, van a seguir con actitudes violentas. El Estado debe dar oportunidades. No es para premiarlos ni felicitarlos, es simplemente para cumplir con los derechos y construir ciudadanía. Eso es fundamental”, sintetizó Petit.

En tercer lugar, indicó que se busca ampliar el procedimiento de ingreso a la cárcel con determinadas medidas “asegurativas y de seguimiento”. Se pretende permitir, por ejemplo, la prisión domiciliaria asistida “para el caso de personas —en particular mujeres y, en particular, madres con hijos a cargo— que cometen un delito leve y que puedan tener un seguimiento de otro tipo y no quedar desconectadas de sus hijos, de su familia, de la sociedad”, argumentó.

Bajar a tierra

Asimismo, Petit resaltó algunas propuestas concretas incluidas en el documento, destacando en primer lugar la de un sistema de medidas alternativo. “Sin un sistema de medidas alternativo robusto, eficiente, creíble y confiable no puede haber una reforma penitenciaria”, sentenció.

Por otro lado, apuntó a que el Instituto Nacional de Rehabilitación, actualmente “sepultado” en el Ministerio del Interior, pase a ser un organismo descentralizado. Para Petit, esto se puede lograr “muy rápidamente”, sea por la vía presupuestal o a través de una ley de urgente consideración, ejemplificó y recalcó que este tema efectivamente “es urgente”.

Luego puso el foco en atender a la salud mental “en el más amplio sentido”. “Se requiere una unidad o centro para personas presas que tienen trastornos psiquiátricos crónicos persistentes y a veces graves, severos y de lesiones para terceros o de autolesiones continuas. No pueden estar en una cárcel, [deben] tener un tratamiento específico, eso no existe”, insistió el funcionario.

Por último, señaló que el sistema penitenciario debe tener “muchos programas”. “Programas de educación, contra las adicciones, recreativos, culturales, de vínculos, que permitan a las personas proyectarse como padre o madre, de masculinidades, para los padres que tienen muchos hijos y que tienen que sostener una familia en condiciones de alta vulnerabilidad”, listó.

El comisionado parlamentario aseveró que esto “no se logra espontáneamente”, por lo que debería crearse “un mercado de organizaciones que compitan por los recursos” y lleguen a la cárcel. Es decir, que haya técnicos y profesionales que “encuentren en la cárcel un lugar de trabajo y donde volcar su profesión”, sea de servicio social, médico, recreativo, educativo o terapéutico, ilustró Petit.

“Vemos con gran alegría que esta vieja recomendación de la oficina está plasmada en la Ley de Presupuesto, en la cual se va a poder empezar a contratar ese tipo de mecanismos y que debería dar lugar, como decía, a un mercado de organizaciones que todos los años presenten proyectos y llenen de propuestas, de colores y aporten vida para ese lugar que, si no se cuida, la cárcel se vuelve algo contrario a lo que es la vida, se vuelve un lugar de violencia”, reflexionó.

Petit culminó la conferencia de prensa declarando que fue “un grato honor” cumplir su tarea durante estos últimos 10 años.