Ricardo Perciballe lleva 35 años en la Fiscalía, tiempo en el que ha acumulado expedientes, testimonios de víctimas, pseudónimos de victimarios y un conocimiento de los mecanismos del terrorismo de Estado en Uruguay. Hoy, al frente de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, es una de las figuras centrales del proceso de verdad y justicia en el país.

La Marcha del Silencio 2026 se dio en el 50.º aniversario del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Para Perciballe, esa causa —la más importante de su carrera, según dice— es también la demostración más contundente de que la llamada teoría de los dos demonios es, en sus palabras, “una mentira absoluta”.

En  entrevista con Montevideo Portal, el fiscal reflexiona sobre los 87 procesamientos y condenas que lleva la fiscalía que lidera desde su creación, el rol que podrían jugar los archivos militares en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, las presiones que ha sufrido a lo largo de los años y la situación institucional de la Fiscalía General de la Nación, entre otros temas.

¿Cómo se toma la fecha del 20 de mayo desde la Fiscalía? ¿Le dan un valor especial?

Es un día súper especial. Más allá de que la sociedad en su conjunto ha tomado mayo como el mes de la memoria, esto nos indica mucho, y particularmente el 20 de mayo nos indica más. Es un llamado a la reflexión a todos los órganos del Estado que estamos comprometidos en estos temas, a seguir cumpliendo con esa obligación que tenemos a nivel nacional e internacional, pero fundamentalmente con la sociedad.

Vemos que cada año la marcha es más grande, no solo aquí en Montevideo sino en el interior ahora se han dado también en el exterior. Esto significa que es un tema que está presente. En todas las marchas, uno de los carteles es “Verdad, justicia, memoria, exigimos respuesta”, y nosotros, como Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, somos uno de los órganos del Estado —el órgano especial por excelencia de la persecución—, así que es un llamado a la reflexión y una obligación constante que tenemos.

Este 20 de mayo se conmemoraron 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, un caso que tuvo novedades con imputaciones a tres militares retirados. ¿Cómo recordás esa investigación? ¿Qué te dejó ese caso profesionalmente?

Es el caso más importante que tuve en la historia de mi trabajo. Llevo 35 años en la Fiscalía, he tenido distintos casos, pero sin duda este es el más significativo en todos los sentidos. He manifestado en varias oportunidades que estamos hablando del mayor magnicidio de la historia: se asesinó vilmente a dos legisladores muy importantes, se hizo desaparecer a Manuel Liberoff, que era un representante del Partido Comunista también muy importante, y se mató a dos personas por el solo hecho de sostener una mentira.

Ni que hablar de que también se privó de libertad a los hijos de Rosario Barredo —Gabriela y sus hermanos—, un hecho absolutamente inaudito. Y es un hecho clave porque es parte del Plan Cóndor: nada más y nada menos que matar a dos legisladores prominentes y a dos militantes políticos que estaban muy cerca de Michelini y Gutiérrez Ruiz, porque hay que recordar que habían sido tupamaros pero que renunciaron a las armas por una vía democrática.

Esto, además, echa por tierra esa mentira absoluta de la teoría de los dos demonios, que sostiene que acá todo ocurrió porque hubo un movimiento guerrillero que atentó contra las instituciones y que las Fuerzas Armadas debieron combatirlo. Este caso nos demuestra que las víctimas por esencia no eran guerrilleras, no habían tomado las armas, no habían cometido ningún delito, y pese a ello fueron vilmente asesinadas.

Aprovechando que hablaste de la teoría de los demonios, ¿cuál es el rol de la Fiscalía en echarla por tierra?

Uno de los puntos centrales de la Fiscalía es establecer verdad, además de ir por justicia, que implica realizar imputaciones sobre los responsables. Se trata de establecer cómo fueron los hechos, nada más ni nada menos. En ese sentido creo que hemos avanzado, porque se ha demostrado claramente que, si bien hubo un movimiento guerrillero que atentó contra las instituciones, de ninguna manera el Estado puede tratar a esas personas como las trató.

El Estado está conformado para proteger a sus ciudadanos y acá no solo no se los protegió sino que los atacó. Además, la gran mayoría de las víctimas no tomaron las armas, no cometieron ningún delito, y por el solo hecho de pensar distinto, por el solo hecho de resistirse a la dictadura, sufrieron las consecuencias. Vaya si habrá que tener memoria, vaya si habrá que seguir estableciendo verdad.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad logró 87 procesamientos y condenas desde su establecimiento. ¿Qué te genera esa cifra?

Nos da tranquilidad. También nos da legitimidad en la actuación, porque recordemos que la Fiscalía siempre es el órgano acusador: solo solicita, imputa, pide procesamientos y pide condenas, pero el que resuelve es el Poder Judicial. Y el 100% de las imputaciones que hizo la Fiscalía fueron tomadas en consideración por el Poder Judicial, con todas las garantías del caso en un Estado de Derecho. Eso nos da suma tranquilidad, credibilidad y legitimidad. No es un tema menor.

Uno de los reclamos históricos de Familiares es la apertura de los archivos militares. Hubo novedades al respecto: la ministra Sandra Lazo dio la directiva a la Institución Nacional de Derechos Humanos en ese sentido. ¿Cómo ves esta novedad? ¿Es un paso importante para que la Fiscalía tenga más elementos para avanzar?

En lo que refiere a elementos para la Fiscalía, nosotros con la documentación que contamos, con el trabajo de los peritos —de la Udelar, fundamentalmente los médicos forenses, los antropólogos, los historiadores— y con el testimonio de las víctimas nos podemos manejar y seguir manejando. Eso sin lugar a dudas. Obviamente si se obtienen los archivos y dan mayor información, bienvenido sea. Pero yo creo que el debe fundamental ahí es con la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Los archivos serían muy importantes, primero para despejar todas las dudas y segundo para ver si podemos avanzar en el encuentro de los restos de detenidos desaparecidos. Ese es el gran debe del Uruguay. Si hablamos de 87 causas con resolución judicial, tenemos que recordar que son solo siete los detenidos desaparecidos encontrados —ocho si contamos uno de forma distinta— en un universo de 205. Vaya si hay un gran debe.

Siempre estuvo el reclamo de abrir los archivos militares y que nunca se terminó de dar la orden final. ¿Compartís esa crítica?

¡Pero claro! ¿Cómo no voy a compartir esa crítica? Viene fundamentalmente de Madres y Familiares, que es absolutamente la organización más respetable de la sociedad civil. Estamos a 41 años de la vuelta de la democracia: ¿cómo es posible que no se logren obtener los archivos? Si uno va a la Fiscalía General de la Nación, que se creó en 1911, puede perfectamente obtener toda la documentación de todo este periodo. Entonces, ¿por qué en las Fuerzas Armadas no ocurre eso? Es un gran debe que tenemos como Estado, como Estado de Derecho y como democracia. Ahora bien, también hay que reconocer el lado positivo de la orden de la ministra, que nunca se había dado, y esperar el resultado.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la Fiscalía Especializada, teniendo en cuenta que son hechos que ocurrieron hace décadas y que no se cuenta con las mismas pruebas que en delitos recientes?

El desafío central es la muerte de las víctimas, pero existe una paradoja. Llevo 35 años en esto y he advertido que, a diferencia de un delito común, en este tipo de crímenes de lesa humanidad el paso del tiempo ha beneficiado las investigaciones. Si un fiscal hubiera tenido las herramientas para investigar en los años 80 o 90, seguramente no hubiera llegado a nada porque no se había accedido a los documentos. Las víctimas tenían una información fragmentada, no había peritos historiadores que analizaran e interpretaran los documentos.

Para dar un ejemplo: en los centros clandestinos todos los victimarios utilizaban pseudónimos, además de la capucha y las víctimas maniatadas sin saber dónde estaban. Con el paso del tiempo hemos conocido esos pseudónimos y hemos conocido quiénes eran los organismos que estaban detrás. Eso en los años 85 o 86 era imposible saberlo. Entonces, el pasaje del tiempo es relativo: sí con respecto a la muerte de las víctimas y los victimarios, pero no con respecto a todo lo demás.

¿La Fiscalía de Lesa Humanidad trabaja más tranquila y con tiempos más holgados que otras fiscalías que deben correr detrás de plazos y delitos que prescriben?

Más tranquila en cuanto a los plazos, sí. Nosotros no estamos con la locura de los fiscales comunes en el nuevo código. Tenemos otros tiempos, sin duda, y no solo eso sino también mucha colaboración de distintos órganos del Estado, lo que no suele ocurrir. Y podemos decir con propiedad que tenemos muchísima más prueba que nuestros colegas. ¿Por qué? Porque tenemos víctimas muy fuertes, que van a ir a juicio y que son conscientes de lo que hay detrás. Un fiscal común tiene hoy una víctima atemorizada que no quiere pasar por un proceso judicial.

En nuestro caso, contamos también con peritos historiadores, peritos médicos, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Ajprojumi [Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar], una unidad especial del Ministerio del Interior. Es un conjunto de información y organismos que colaboran con nosotros. Por eso es que se ha avanzado.

Con la asunción del nuevo gobierno, uno de los temas debatidos fue la designación de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo viene siendo el trabajo conjunto con ese organismo?

La interrelación con Mariana Mota y con su equipo de investigadores, con el GIAF, con los antropólogos, es absolutamente excelente. De absoluta interrelación de información. Ahora bien, la información siempre va de nosotros hacia ellos; la información que ellos producen no llega a nuestra Fiscalía. Es un acuerdo que hemos tenido para que ellos puedan avanzar más en verdad.

Nosotros preferimos perder en justicia pero ganar en verdad, porque la intención es que la institución tenga todas las herramientas para el encuentro de los restos de detenidos desaparecidos. La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente también es un organismo muy importante, con el que la colaboración es absoluta, lo fue en este gobierno y lo fue en el anterior.

Los fiscales en general están expuestos a presiones y amenazas por investigar al crimen organizado y al narcotráfico, entre otros. En el caso de la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad, ¿se viven presiones de ese tipo?

Presiones, sin duda. En nuestro caso hemos sido sujeto de dos amenazas, hemos sido denunciados penalmente, hemos sido denunciados administrativamente, nos han solicitado la abstención en determinados casos. Todas medidas que no avanzaron. Las denuncias fueron archivadas por falta de mérito, y en las amenazas nunca se avanzó en la identificación de los responsables. Y presiones de todo tipo: políticos que han dicho que cometí el delito de prevaricato, que la Justicia lo que busca es venganza.

¿Son presiones inadmisibles? Sí. Pero son las reglas de juego, y en esas reglas de juego uno tiene que moverse y seguir en su mismo camino. Uno no puede permitir que estos amedrentamientos lo limiten, porque si no estaría en juego, nada más y nada menos, que el Estado de Derecho.

La Fiscalía General sigue con Mónica Ferrero como fiscal subrogante, y el sistema político no termina de ponerse de acuerdo para designar a un fiscal en forma definitiva. ¿Cómo es hoy tu relación profesional con ella y cómo ves la situación institucional?

La relación con Mónica Ferrero es correcta; nos conocemos hace muchos años. Pero esto es una verdadera vergüenza para el país y un deterioro institucional muy importante. Es inadmisible que no tengamos un fiscal general y que no tengamos un fiscal adjunto. Hoy tenemos una fiscal subrogante de subrogante sin un apoyo político explícito. ¿Cómo podemos tener una Fiscalía fuerte que combata el crimen organizado y que combata las organizaciones que operan en el país con esta debilidad institucional? Es inadmisible y es una vergüenza.

Para cerrar: en dos años aproximadamente tenés pensado retirarte de la Fiscalía. ¿Cómo encarás ese tramo final y cómo ves el futuro de la institución?

Sí, en breve —seguramente en dos años aproximadamente— pienso acogerme a los beneficios de la seguridad social. Porque todo tiene su ciclo. En estos años intentaré terminar las causas, que generalmente ya están todas terminadas desde el punto de vista de la investigación, e intentar avanzar lo más posible en los juicios. Colaborar en todo lo que sea posible con la Institución Nacional de Derechos Humanos para la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y después, cuando me jubile, tengo algunos proyectos de investigación sobre todos estos temas. Durante todos estos años hemos acumulado mucha información que me parece que es bueno que esté recopilada. En eso me focalizaré.