Pedirán informes por caso de ministros del TCA que contrataron a hijas como asesoras

Los recientes casos de nepotismo en varias intendencias departamentales en el país y ASSE generaron un debate político en el país sobre la contratación de cargos de confianza, lo que derivó en una discusión de más de un proyecto para prohibir esta práctica en la administración pública.

Al caso de Mauricio Ardus, vicepresidente de ASSE que contrató a la novia de su hijo como secretaria y luego dio marcha atrás, se suma lo que sucede con tres de los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Según un informe del diario El Observador, tres de los cinco ministros del TCA (Eduardo Vázquez, José Echeveste y Alfredo Gómez) tienen a sus hijas abogadas trabajando en sus despachos como asesoras. Sin embargo, el artículo 35 del decreto 30 del 2003, que establece las normas de conducta de la función pública, prohíbe que el jerarca de una repartición estatal tenga vínculos familiares con sus subalternos.

De acuerdo a la normativa que cita el matutino, en estos casos la autoridad competente debe disponer los traslados necesarios sin perjudicar la categoría de la persona que debe ser reubicada.

Los asistentes técnicos abogados con dedicación total -cargo que desempeñan estas asesoras- cobraban un salario nominal de $?112.557 en 2016, cifra que actualmente es mayor por los ajustes.

Los magistrados tienen dos asesores cada uno, que permanecen en el cargo durante el tiempo en que los ministros ocupan sus puestos.

El Observador aclara que si bien las contrataciones de las hijas de Eduardo Vázquez y José Echeveste fueron hechas directamente por sus padres, en el caso de la hija de Gómez se trata de una actuaria judicial que ingresó por concurso y luego pidió pase en comisión. Su caso no violaría el decreto.

Esta mañana, el diputado del MPP Sebastián Sabini dijo a Inicio de Jornada (Carve) que hará un pedido de informes sobre la contratación de los tres ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

"En lo que nos corresponde como fuerza política debemos ser claros y contundentes La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a indignarse", dijo, aunque admitió que cada situación es diferente y debe ser juzgada en forma ecuánime.