La Mesa Coordinadora de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay (CONASIP), anunció que si la Rendición de Cuentas no incorpora una partida especial destinada a aumentos salariales, las gremiales policiales comenzaran medidas de lucha.

Por su parte el, Sindicato Único de la Policía del Uruguay evalúa la posibilidad de llamar a una huelga, que no afecte el orden público.

“El policía tiene derecho a la huelga y tiene derecho a hacer un convenio salarial (…) las cadenas se están reventando, todos los días un eslabón, una vez que esto reviente, no lo para nadie” afirmó a Montevideo Portal el dirigente de SUPU, Arturo Crossa.

“Si el Estado tiene buena voluntad de solucionar este conflicto, lo puede solucionar. Lo que estamos intentando es de sensibilizar y vamos a ir yendo en escala con las medidas, hasta tanto seamos escuchados”, dijo el secretario General de SUPU, Luis Clavijo.

“Nosotros solicitamos dos veces reunirnos con Rubio, el director de la OPP, tres veces con Astori, tenemos los formularios en los que pedimos la audiencia a la secretaría, en ninguno de los dos lados fuimos convocados ni siquiera para decirnos que no podíamos hacer convenio”, añadió Crossa.

Consultado sobre el aumento que se otorga en la Rendición de Cuentas y la recuperación que el sector tuvo en los últimos años, Crossa destacó que con los bajos salarios esos aumentos son “miseria sobre miseria” y especificó que un policía promedio, sin realizar el servicio 222, recibe en la mano unos siete mil pesos.

“Hay entre 3.500 y 4.000 policías viviendo en cantegriles, incluso oficiales que viven codo a codo con la delincuencia. Acá sale una tarjeta de crédito y hacemos filas para conseguirla, porque estamos en esa calesita”, agregó Crossa, que reconoció que el Banco República le daba un poco de aire al endeudamiento del policía, comprando la deuda y estirando los plazos de pago.

“No queremos ser peones”, señaló Crossa consultado sobre por qué la SUPU no se afilió al PIT-CNT y agregó: “El peón es aquel que se manda a hacer tal cosa. Ellos querían que saliéramos a juntar las firmas por la anulación de la ley de caducidad, nosotros no podemos entrar en la política. Si el policía quiere firmar, que firme, pero no obligarlo”.

“El tema es que además de ser un sindicato, también fuimos represores de ellos, entonces no somos vistos con buenos ojos, y nos piden que hagamos lo que nos dicen ellos y no puede ser así”, agregó.