La oposición insistió en que la salida encontrada por el Frente Amplio para evitar recortes a la educación es "inconstitucional" y cuestionó a la bancada oficialista por trasladar al Poder Ejecutivo la búsqueda de recortes alternativos para no afectar al sistema educativo.

El diputado del Partido Nacional Jorge Gandini advirtió este martes que el acuerdo alcanzado por el Frente Amplio sobre el artículo 6° de la Rendición de Cuentas, que establece recortes presupuestales, es "inconstitucional" y no podrá concretarse tal como se anunció.

Ope Pasquet, diputado por el Partido Colorado, pidió la palabra una vez votado el artículo 6° para lamentar que texto aprobado "vulnerara" la separación de poderes.

"Si empezamos a vulnerar las reglas debilitaremos la cultura política. Para que estas cosas no sucedean deberíamos respetar la Constitución", reclamó.

Pasquet auguró que "el Senado o la Suprema Corte de Justicia corregirán las barbaridades que acá se votan" pero insistió en que "debería" haber sido la propia Cámara de Diputados la que no votara el texto con esa redacción.

Desde el Partido Independiente también hubo señalamientos a la legalidad de la fórmula oficialista. El diputado Iván Posada cuestionó que se reasignen fondos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), argumentando que, al estar integrado también por trabajadores y empresarios, la utilización de los recursos no es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

Civila justificó la redacción acordada

Iniciada la sesión de la Cámara de Diputados sobre el articulado de la Rendición de Cuentas, y cuando comenzó la discusión sobre el artículo 6°, el diputado socialista Gonzalo Civila anunció al resto de los legisladores que el Frente Amplio acordó con el Ministerio de Economía y el presidente Tabaré Vázquez generar un "grupo de trabajo" que "garantice obtener recursos que no pudieron blindarse" en la Rendición de Cuentas.

Civila indicó que la redacción que se aprobará del artículo 6° asegura "860 de los 1500 millones que estaban en discusión para la educación", a través de "encomendar al Poder Ejecutivo la reducción de 532 millones de pesos del gasto público, afectando a otros incisos que no sean de la educación".

El diputado socialista apuntó que, de todas formas, buscarán que sea el Senado el que decida cómo se reasignarán esos 532 millones para que "no queden finalmente encomendadas al Ejecutivo".

A su turno, Gandini reclamó el "derecho a saber cuál fue el acuerdo" alcanzado entre la bancada del FA y el Poder Ejecutivo y señaló que "no hay ninguna posibilidad de que una comisión por fuera del Parlamento resuelva esto".

"No se puede decir que un acuerdo extraparlamentario puede transformarse en ley, si no es una ley de Presupuesto del año que viene, que empezaría a regir en 2018", sostuvo.

Según Gandini, "la única garantía que blinda el presupuesto de la enseñanza es la ley y sólo la ley presupuestal". En ese sentido, afirmó que "la Constitución no lo permite".