Nuevo Comienzo: Justicia prorrogó investigación penal hasta marzo de 2022

La Justicia resolvió la prórroga del expediente penal hasta marzo 2022 en la causa que involucra a ocho personas que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo y fueron formalizadas por usurpación.

El abogado Juan Ceretta, que asesora legalmente a una de las familias, dijo a Montevideo Portal que esta decisión "permite preparase mejor para el juicio" o se verá si "en ese lapso hay una decisión del Estado para dejar sin efecto este proceso penal de estas ocho personas".

Sin embargo, Ceretta sostuvo que el fiscal a cargo del caso, Diego Pérez, "va a seguir en el resto de los casos con los procedimientos y citaciones".

El pasado sábado el presidente Luis Lacalle Pou anunció en su cuenta de Twitter que se incluirá en la Rendición de Cuentas un artículo que crea un fideicomiso para "avanzar más rápidamente en la regularización y relocalización de asentamientos".

El mandatario afirmó que la medida se toma "de acuerdo a lo firmado en el Compromiso por el País", documento programático de la Coalición Multicolor.

La semana pasada Lacalle llamó por teléfono este jueves a Fabiana Molina, una de las referentes del asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina.

"Me acaba de llamar el presidente Lacalle Pou. Me comentó que va a tener una reunión con el ministro del Interior, que me imagino que debe de ser por el último procedimiento, por cómo trabajó la Policía, y que se va a reunir con la intendencia", cuenta Molina en un audio al que accedió Montevideo Portal.

El pasado martes, varios vecinos de los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel, ambos en Santa Catalina, se manifestaron frente a Torre Ejecutiva, ante lo que el presidente se acercó para conocer los reclamos. Una de las mujeres le planteó que están "sufriendo muchos atropellos de parte de la Policía".

"Les voy a dar una respuesta. Vemos qué podemos hacer. No les aseguro que sea afirmativa. Quería hablar con ustedes porque se tomaron el trabajo de venir hasta acá", les dijo entonces el mandatario.

El pasado miércoles 17 de junio, el fiscal Pérez formalizó la investigación sobre 11 personas por usurpación y hurto de energía en el barrio San Miguel.

Tras las detenciones, el núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay en Santa Catalina (AFUTU) informó que fue detenida "una persona sin orden, incluso una ciudadana que fue separada de su bebé, en edad de lactancia, dejando a niños solos". Legisladores del Frente Amplio también presentaron cuestionamientos al procedimiento policial.