Nicolás Maduro y su esposa se declararon inocentes de torturas: cómo sigue el juicio

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les atribuye la Fiscalía de Estados Unidos. Ambos comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York, donde rechazaron las acusaciones relacionadas con una presunta campaña de represión contra opositores y detenidos durante el gobierno venezolano.

Durante la audiencia, encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, Maduro sostuvo que los señalamientos en su contra se basan en “falsas acusaciones y testimonios”, mientras que Flores aseguró ser “completamente inocente”.

La comparecencia se produjo después de que la Fiscalía estadounidense ampliara, el pasado 8 de octubre, la acusación contra ambos. El nuevo documento judicial los señala como presuntos responsables de participar en un sistema de persecución, detenciones arbitrarias y torturas contra opositores políticos, militares y otras personas consideradas una amenaza para el gobierno de Maduro.

Entre las presuntas víctimas figuran tres ciudadanos estadounidenses que, según los fiscales, fueron sometidos a torturas y otros abusos mientras permanecían bajo custodia de las autoridades venezolanas.

La acusación describe prácticas que habrían incluido descargas eléctricas, asfixia, golpes, privación de alimentos y agua, además de amenazas contra familiares de los detenidos.

Para la Fiscalía, estos hechos formaban parte de una estructura de represión sostenida durante años, mediante la cual Maduro y Flores habrían recurrido a la violencia para perseguir a sus adversarios políticos y mantenerse en el poder.

La ampliación de la causa también incorporó a Flores al cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta entonces se le imputaba únicamente a su esposo.

En paralelo a la presentación de los nuevos cargos, el juez Hellerstein autorizó postergar el inicio del juicio contra Maduro y Flores para el 14 de junio de 2027, dos semanas después de la fecha inicialmente prevista.

La decisión respondió a una solicitud conjunta de la Fiscalía y los abogados defensores, quienes argumentaron que necesitaban más tiempo para preparar el proceso ante la ampliación de las acusaciones.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados durante una operación de fuerzas estadounidenses en Venezuela y posteriormente trasladados a Nueva York.

Además de los nuevos señalamientos por torturas, ambos enfrentan cargos vinculados con una presunta conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión y utilización de ametralladoras y artefactos destructivos.

La Fiscalía sostiene que participaron en una estructura destinada a distribuir cocaína y proporcionar recursos económicos a personas u organizaciones involucradas en actividades terroristas.

En caso de una eventual condena, el delito de conspiración para cometer narcoterrorismo contempla una pena mínima de 20 años de prisión y puede alcanzar la cadena perpetua.

Por su parte, la conspiración para cometer torturas prevé penas de hasta 20 años de cárcel, aunque la sanción puede elevarse a prisión perpetua si las prácticas provocaron la muerte de alguna víctima.

Mientras avanza el proceso, los abogados de Maduro y Flores también cuestionan la legitimidad de las actuaciones judiciales estadounidenses y sostienen que sus defendidos están amparados por la inmunidad soberana.

La próxima audiencia está prevista para diciembre, cuando Hellerstein deberá examinar los pedidos de las defensas para desestimar la acusación sobre la base de ese argumento.

La Fiscalía, sin embargo, rechaza que Maduro pueda invocar la inmunidad correspondiente a un jefe de Estado. Su posición se fundamenta en que Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019.

Los fiscales también señalaron que el gobierno venezolano no presentó una solicitud formal para que se reconozca esa protección en el marco del proceso judicial.

Con información de EFE.