El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su tercera audiencia judicial desde que fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos.

Maduro, de 63 años, permanece detenido junto con su esposa, Cilia Flores, en una cárcel de Brooklyn mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La audiencia prevista para este miércoles estará centrada principalmente en cuestiones procesales y en el avance de la preparación del juicio.

Captura en Caracas

El exmandatario fue detenido el 3 de enero durante una operación militar estadounidense desarrollada en Caracas, en la que participaron fuerzas navales, aéreas y terrestres.

La intervención puso fin a más de una década de gobierno de Maduro, quien había asumido la Presidencia de Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina.

Acusaciones en Estados Unidos

Maduro se ha declarado no culpable de los cuatro delitos que le atribuye la Justicia estadounidense: conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

El expresidente sostiene que es un "prisionero de guerra" y rechaza la legitimidad del proceso judicial en su contra.

Datos clave

La disputa por la defensa

Uno de los aspectos que marcó el proceso judicial ha sido la financiación de la defensa legal de Maduro y Flores.

Inicialmente, las sanciones impuestas por Washington impedían que Venezuela financiara los honorarios de sus abogados.

Sin embargo, tras una disputa entre ambas partes, el gobierno estadounidense autorizó en abril que el Estado venezolano pudiera asumir esos gastos.

La defensa había solicitado que el caso fuera desestimado al considerar que impedir el acceso a recursos para contratar abogados vulneraba el derecho constitucional de los acusados a elegir libremente su representación legal.

Con información de agencias.