Narco que se fugó tras cambio de prisión en ningún momento recibió tratamiento de diálisis

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) comenzará a analizar el expediente del caso del narcotraficante Juan Antonio González Bica, a quien la jueza María Helena Maindard le concedió prisión domiciliaria y se le colocó una tobillera pero el delincuente a las pocas horas la rompió y se fugó. 

Luego de que Montevideo Portal informara la noticia, la investigación de la fiscal Mónica Ferrero arrojó que los certificados del Instituto Técnico Forense (ITF) habían sido falsificados. Por este hecho, la abogada de Gonzalez Bica y otro delincuente —señalado por ser quien elaboraba los documentos— fueron imputados y enviados a prisión preventiva. 

Lo que intentará descifrar la SCJ es si todos los documentos fueron falsificados y, en caso de que no sea así, discriminar aquellos que tengan información verdadera. Sin embargo, Ferrero había pedido la historia clínica del narcotraficante, quien se atiende desde hace varios años en una mutualista privada. 

Según pudo saber Montevideo Portal con fuentes de la causa, en ningún momento González Bica recibió un tratamiento de diálisis y, si bien tuvo problemas renales, no eran lo suficientemente graves como para no “poder hacer vida normal”. Este elemento, según aclararon los informantes, es clave porque indican que lo medular de los certificados presentados ante la Justicia no es cierto. 

En la solicitud que hizo la defensora del narco, se argumenta que su cliente padecería enfermedades renales y cardíacas por lo que se le hacía imposible seguir recluido en el Penal de Libertad, según informó El País. Días después de que Mainard tomara la decisión y Gonzalez Bica se fugara, autoridades del Ministerio del Interior aseguraron que sí existen centros de reclusión con capacidad de atender este tipo de patologías. 

En la audiencia donde se le concede la prisión domiciliaria, el equipo fiscal de Marrero insistió en que eran necesarios más elementos para acreditar los problemas de salud. En ese momento, no se daba por desconfianza a los documentos del ITF sino que se argumentaba que el delincuente es “muy peligroso” para no estar tras las rejas.