La Justicia de Crimen Organizado, a cargo de la jueza Diovanet Olivera, celebrará una audiencia a las 18:00 horas de este miércoles e imputará a los abogados y policías involucrados en una red que se dedicaba a cruzar información privilegiada para captar clientes en el marco de accidentes de tránsito.
Los involucrados, que van desde efectivos de seguridad hasta personal de emergencias médicas, buscaban que las víctimas firmaran un documento para poder cobrar el valor del Seguro Automotor Obligatorio (SOA). Del total de estos montos, los defensores se llevaban una parte.
Fuentes del caso, del que informó en primera instancia Montevideo Portal, explicaron que los delitos que se podrán formalizar van desde asociación para delinquir, acceso a información privilegiada hasta cohecho. La pena podrá ser de cuatro a cinco años, dependiendo el caso, añadieron los informantes.
Con respecto a los involucrados, hay cinco abogados: tres hombres y dos mujeres. Además, hay por lo menos dos efectivos policiales, quienes también serán imputados. Algunos de los defensores implicados pertenecieron a importantes estudios y, en otros casos, asumieron el patrocinio de resonados casos como el de Romina Celeste Papasso por la falsa denuncia a Yamandú Orsi.
Las fuentes judiciales dijeron a Montevideo Portal que la investigación, una vez superada la primera etapa de imputación de este miércoles, seguirá adelante. Hay, al menos, dos núcleos de personas que están involucrados. En el de los imputados de este miércoles se encuentran los “más comprometidos”, pero se espera que la Fiscalía llame a declarar a otra decena de personas en las próximas semanas.
El caso comenzó en la Fiscalía de Toledo porque un hombre, quien había sufrido un accidente de tránsito y estaba siendo patrocinado por uno de los defensores, denunció que no lo dejaban cambiar de abogado.
Precisamente, el denunciante comentó que en determinado momento del proceso quiso nombrar a otro defensor y le dijo a los abogados —con quienes había firmado y hecho el proceso para cobrar el valor del SOA— que no iba a usar más sus servicios.
Sin embargo, los profesionales le comentaron que no podía hacerlo, porque ellos ya habían invertido tiempo en su caso. Tras la insistencia del hombre, los defensores lo amenazaron, por lo que decidió radicar la denuncia ante el Ministerio Público.
Esto provocó que, con orden de la Justicia, se accediera a mensajes e información que manejaban los defensores junto con los policías. Los datos dieron cuenta de la maniobra, por lo que las autoridades decidieron avanzar en la detención.
El caso comenzó en la Fiscalía de Toledo: una víctima de accidente que quería cambiar de abogado fue amenazada por los defensores para que no lo hiciera. El hombre radicó la denuncia ante el Ministerio Público. Con orden judicial se accedió a mensajes e información que confirmó la maniobra y llevó a las detenciones.
