Madres y Familiares criticó “recurrencia” de proyectos “revisionistas” sobre la dictadura

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dio una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles sobre lo que llamó “proyectos de ley revisionistas”.

La asociación refiere a las iniciativas planteadas por el diputado blanco Rodrigo Goñi y el senador colorado Pedro Bordaberry. El primero prevé la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura para reclusos mayores de 70 años; el segundo contempla ese beneficio para militares mayores de 75 años condenados por hechos ocurridos hasta 1985.

Así, Laura Boiani, integrante del colectivo, recalcó que los familiares “siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado” y sus “autores” continúan “encubriendo el crimen de desaparición forzada”. “Por ello sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando”, manifestó.

“Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad”, indicó Boiani, según consignó MVD noticias (TV Ciudad).

Luego, Elena Zaffaroni tomó la palabra y aseguró que la presentación de este tipo de iniciativas a nivel legislativo es algo “recurrente” a lo largo de 40 años de democracia. En cambio, la sociedad “ha marcado otro camino, ha trabajado enormemente para sostener una memoria, para construir la verdad, para denunciar, para ir contra el relato sostenido de impunidad, de negacionismo de los primeros años de la democracia y contra la poca voluntad política que ha habido en el presente para terminar con el crimen de la desaparición forzada”, sostuvo la integrante de Madres y Familiares.

“Entonces estamos convencidos de que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado”, ratificó.

Finalmente, Ignacio Errandonea expresó que “hace muchos años” vienen reclamando que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que “entreguen toda la información”, pero reprochó que “hasta el día de hoy no ha existido” tal orden. “Hemos reclamado cincuenta mil veces que no puede haber prisión domiciliaria para los genocidas, que sea preceptiva. Período tras periodo se presentan estos proyectos”, lamentó.

De esta manera, el integrante de la asociación insistió en que la sociedad debe ser “fuerte” para “defender [sus] derechos”.

“Es un derecho fundamental que las Fuerzas Armadas dejen de ser autónomas y estén subordinadas al poder civil, porque eso es lo que manda la Constitución. Y se tiene que dar de una vez por todas la orden para que las Fuerzas Armadas entreguen todos los archivos que poseen; ahí hay mucha verdad que como sociedad toda la necesitamos para poder reconstruir lo que pasó”, finalizó.

Más rechazos

Por su parte, el Pit-Cnt también expresó su rechazo a las propuestas presentadas por los legisladores de la oposición.

Fernanda Aguirre, representante por los derechos humanos del comité ejecutivo de la central sindical, sostuvo en conferencia de prensa que se trata de “una embestida revisionista que niega los gravísimos delitos de lesa humanidad”, a los que tildó de “imprescriptibles” y que “deben ser perseguidos”.

En tanto, Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, arguyó que desde el punto de vista jurídico “violentan el deber internacional” que el Estado uruguayo tiene de “promover y proteger” los derechos humanos. “Cualquier forma de beneficio a autores de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad constituyen un debilitamiento en el control de la responsabilidad de esos crímenes y promueven una atmosfera de impunidad que no garantiza que las nuevas generaciones no vuelvan a soportar las masivas violaciones a los derechos humanos”, esgrimió el abogado, según consignó Subrayado (Canal 10).

Así, enfatizó en que Uruguay “tiene el deber” de legislar “en un sentido exactamente contrario” al que proponen los proyectos de ley, que lo que hacen es “intentar beneficiar a los autores de crímenes de lesa humanidad, que según el derecho internacional son considerados enemigos del género humano”.

“Al hacerlo, constituye una forma encubierta de impunidad, una forma de traición y ofensa a la memoria de las víctimas, a las de los desaparecidos, a las de los ejecutados. Es una burla al dolor de los atormentados y atormentadas, de los miles de hombres y mujeres que fueron afectados gravemente por el terrorismo de Estado”, concluyó el experto en derecho especializado en derechos humanos.