El Ministerio de Industria (MIEM) emitió un decreto el pasado martes 20 de mayo en el que plantea una “revisión integral de la reforma de los combustibles” en Uruguay e instó a crear un grupo de trabajo específico para la materia.
En la normativa —firmada por la titular de la cartera, Fernanda Cardona; la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y el presidente de la República, Yamandú Orsi—, se establece que la anterior administración impulsó una “revisión” del sector combustibles en la que encomendó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a aprobar “las reglamentaciones necesarias para regular el mercado de combustibles líquidos en el marco de sus competencias”. Sin embargo, este organismo dictó “una sucesión de resoluciones, de forma parcial y dispersa, que ha generado gran conflictividad e incertidumbre en el sector”.
En respuesta, el actual gobierno “entiende conveniente realizar un análisis integral de la reforma de los combustibles”, ya que “se advierte” que esta “no ha cumplido los hitos previstos en la propuesta mencionada” en el período anterior.
Así, el decreto establece que “se estima pertinente exhortar” a la Ursea a no aprobar ni modificar regulación relativa a la distribución secundaria de combustibles líquidos, ni tampoco aprobar o denegar trámites “relativos a aperturas y traslados” de estaciones de servicios hasta que no se realice la revisión establecida. Para realizar dicha revisión “se estima necesaria la creación de un grupo de trabajo” integrado por la Dirección Nacional de Energía del MIEM, la Ursea y “otros actores relevantes del sector”.
De esta manera, el primer artículo de la normativa determina la creación de este grupo de trabajo interinstitucional “con el objetivo de proponer los lineamientos de las políticas de la distribución secundaria de combustibles que deben regir en el sector”. En base a ellos la Ursea y “otros organismos dictarán la reglamentación pertinente”.
Este grupo de trabajo funcionará por un plazo máximo de hasta seis meses.
En tanto, el segundo artículo propone detener a la Ursea de regular en la materia “hasta tanto se realice un análisis y revisión integral de la reforma de los combustibles y de la normativa que se ha aprobado desde su implementación hasta el momento”.
El tercero desarrolla aún más este último punto, ya que exhorta a dicho organismo a suspender los trámites pendientes y futuros sobre aperturas y traslados de estaciones de servicio hasta que se realice dicha revisión.
A continuación, el proyecto del Ejecutivo:
El tema combustibles estuvo en el ojo de la polémica el mes pasado, luego de la conferencia de prensa brindada por Orsi en la que expresó su preocupación por “números negativos” y un “panorama complicado” en la gestión de Ancap.
Desde la coalición criticaron al mandatario, Cardona salió en su defensa y los legisladores de la oposición la citaron al Parlamento.
Asimismo, dirigentes de los partidos Nacional y Colorado cuestionaron a las actuales autoridades del Ejecutivo por el método de fijación de precios de combustibles, ya que entienden que se abandonó el método utilizado por la anterior administración basado en el precio de paridad de importación (PPI).
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