MEF defendió en Diputados una Rendición de Cuentas “responsable” y con foco en infancia

El equipo económico del gobierno presentó este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y defendió que la iniciativa combina “responsabilidad fiscal” con un aumento de recursos para las áreas consideradas prioritarias.

La delegación estuvo encabezada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, y la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry.

Durante la exposición, las autoridades remarcaron que el proyecto mantiene las metas fiscales definidas en el Presupuesto Nacional, aunque incorpora incrementos de gasto para infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle.

El principal refuerzo presupuestal está destinado a la infancia, según el texto difundido por Presidencia de la República. La iniciativa prevé destinar $ 1.257 millones adicionales en 2027 para crear la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que unificará los actuales mecanismos de transferencias y permitirá aumentar los apoyos económicos a las familias con niños. El gobierno estima que la medida reducirá en 25% la pobreza entre los menores de hasta tres años cuando esté plenamente implementada.

La Rendición de Cuentas también asigna recursos para incorporar 300 nuevos policías, fortalecer el sistema penitenciario, ampliar programas educativos, financiar becas para estudiantes de la Universidad de la República, mejorar las remuneraciones en la UTEC y reforzar el Programa Calle. Además, incluye la exoneración del IVA para materiales destinados a cooperativas de vivienda.

Según explicó el Ministerio de Economía, el aumento del gasto será financiado mediante reasignaciones presupuestales, reducción de gastos de funcionamiento, disminución de créditos para misiones oficiales, optimización de vacantes en la administración central y una reducción parcial de los recursos destinados a la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.