Los 7 puntos que planteó el FA para cambiar en votación de la reforma jubilatoria

Luego de la discusión general del pasado martes, el Frente Amplio propuso este miércoles algunas modificaciones al proyecto de ley de la reforma jubilatoria que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento, que se discutirá y votará artículo por artículo.

En un documento al que accedió Montevideo Portal, la coalición de izquierda propuso, en primer lugar, extender a las cajas paraestatales el cómputo por hijo a las mujeres y expresó que “no tiene sentido dejarlas afuera”, por lo que se propone eliminar la facultad que el proyecto le otorga a cada caja.

También se solicita flexibilizar los requisitos para poder acceder a la causal jubilatoria anticipada por desempeño de puestos de trabajo, particularmente exigentes. “Se propone dejar de referirse a ‘puestos de trabajo particularmente exigentes’ para pasar a hacer referencia a ‘actividades particularmente exigentes’. También se propone ampliar el universo de trabajadores comprendidos, incluyendo a la industria frigorífica, el transporte, el trabajo doméstico y los asistentes personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, además de la industria de la construcción y la actividad rural previstas en el proyecto”, señala el texto.

En concreto, piden bajar de 20 a 12 años el tiempo exigido de desempeño en esas actividades que no tengan servicios bonificados y que tengan condiciones y ambiente de trabajo particularmente exigente, que prevé el proyecto para poder configurar la causal anticipada, dado que consideran excesivos los 20 años.

“Se propone eliminar el plazo de un año que dispone el proyecto para que otros sectores de actividad laboral que no tengan servicios bonificados y que tengan condiciones y medio ambiente de trabajo particularmente exigentes puedan solicitar su inclusión dentro de esta causal”, señala el texto.

Sobre el pilar cero, el proyecto prevé que todos los valores de referencia para el cálculo del suplemento solidario se reajusten en función de la inflación, señala el FA, que agrega que provoca que el subsidio a las prestaciones más bajas “se vayan licuando con el tiempo, por efecto del aumento del salario real”. Por eso, es que plantean un cambio en el criterio de ajuste, pasando a considerar la evolución de los salarios, “como se ajustan todos los valores del sistema previsional”.

Caja militar

El Frente Amplio propone varios cambios en esta caja: el primero es volver a las propuestas incluidas en el anteproyecto de ley, en referencia a los aguinaldos a pensionistas, edades de retiro obligatorio y servicios bonificados.

“La reforma de 2018 eliminó el pago del aguinaldo a los pensionistas de retirados por el régimen anterior a la reforma, que hubieran fallecido después de la vigencia de la ley (beneficio que no tiene ningún otro Servicio o Caja del país). El proyecto de ley restablece este beneficio, lo cual no tiene fundamento cuando se quiere converger a un Sistema Común. Se propone restablecer la redacción del Anteproyecto de Ley distribuido originalmente por el Presidente Lacalle Pou, que ratificaba lo dispuesto en la reforma de 2018”, señala el texto.

“El Anteproyecto de Ley también preveía aumentar la edad de retiro obligatorio en 5 años para todos los grados (a excepción de los Coroneles, que preveía aumentarla a 65 años). El proyecto de ley rebaja de 5 a 2 años el aumento de las edades de retiro para algunos grados. Por razones de equidad, y considerando los cambios planteados para el resto de los trabajadores del sistema, se propone volver a la redacción del Anteproyecto”, añaden.

En este sentido, proponen incluir la disposición del anteproyecto de ley que “excluía” a los civiles equiparados que no prestan funciones de tipo militar de las bonificaciones especiales que contemplan la especificidad de la función militar, “aspecto que no fue incluido en el proyecto”.

El quinto punto tiene que ver con la creación de una contribución a los cargos de retirados y pensionistas de muy altos ingresos, por razones de equidad y para “reducir la asistencia financiera desde rentas generales”. “El grave déficit que atraviesa la caja militar se debe al otorgamiento de prestaciones de privilegio, en particular para altos oficiales militares retirados. Para reducir la asistencia financiera se propone la creación de una contribución a cargo de los retirados y pensionistas de mayores ingresos cuyas pasividades se otorgaron al amparo del régimen anterior a la Ley N° 19.695 de 2018”, expone.

“La propuesta utiliza como antecedente inmediato el caso de las reformas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias de 2008 y de la Caja Notarial de 2019. Se propone que la contribución a crearse tenga un carácter progresivo, de manera de concentrar la carga contributiva en aquellos beneficiarios que perciben las pasividades de mayor monto”, añade.

Puntos finales

Los últimos dos puntos son el aumento de los aportes patronales al agro y su convergencia al nivel general de aporte y cambios de los diseños en la transición. El primero de ellos tiene que ver con que los aportes patronales del agro son “sensiblemente menores” a las del resto de los sectores y plantean un conjunto de modificaciones que permitan acercar a los niveles generales, manteniendo los actuales a los pequeños establecimientos.

Para eso, el FA plantea equiparar aportes que realizan los patrones rurales para su jubilación a los que realizan el resto de los sectores e incrementar el aporte que hacen los patrones rurales por sus dependientes de manera progresiva, dependiendo el tamaño del establecimiento. Expresan que de esa forma el aporte será mayor cuanto mayor sea la extensión de la tierra que se explota. “Se prevé explícitamente que, en el caso de los productores familiares, con explotaciones de menos de 200 hectáreas, no se introduzca ninguna modificación respecto a las condiciones actuales de aporte”, dice el texto.

Finalmente, sobre los errores de diseño, el documento sostiene: “Otro ejemplo de problemas del proyecto que el oficialismo, a pesar de que se le advirtió, no quiso resolver”.

“El proyecto prevé un extenso período para que la reforma se aplique de forma plena: son 20 años, sumando los años en que la reforma no aplica y aquellos en los que opera la transición, tiempo más que suficientes para garantizar que el pasaje de un sistema a otros se realice de forma suave, sin generar tratamientos discriminatorios que generen perjudicados evidentes. Pero no es el caso de este proyecto”, añade.

“Los redactores de este proyecto de ley, que fueron los mismos que los de la reforma de 1995, están repitiendo los mismos errores de diseño de aquella reforma, que dieron lugar al reclamo de los autodenominados ‘cincuentones’, una generación de perjudicados por un mal diseño, que 20 años después hubo que resarcir a través de una ley específica en 2018. Este proyecto creará una nueva generación de ‘cincuentones’, que dará lugar a reclamos futuros de estas personas, cuando se acerque el momento de su retiro y se visibilice este perjuicio”, concluye.