A 121 años de la primera publicación del Diario Oficial, IMPO atraviesa una nueva etapa de cambios con la mirada puesta en simplificar trámites, ampliar el acceso a la normativa y aprovechar nuevas herramientas tecnológicas.

Parte de esa transformación comenzará a verse en los próximos meses. El organismo trabaja para que determinados avisos puedan publicarse completamente por internet durante las 24 horas, mientras estudia incorporar inteligencia artificial para agilizar procesos internos.

Sin embargo, su utilización para responder consultas de la ciudadanía está por ahora “en pausa”. El director general de IMPO, Miguel Lorenzoni, explicó en diálogo con Montevideo Portal que los márgenes de error que todavía presentan estas tecnologías chocan con una característica que considera central para el organismo: que su información tenga un nivel de “certeza casi que absoluto”.

Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca entró a IMPO por qué sigue siendo necesario el Diario Oficial, ¿qué le responderías?

Creo que el porqué sigue siendo necesario se remonta hasta los propios orígenes y al motivo de fundación del Diario Oficial. Nace en 1905 a partir de una inquietud que había en ese momento: los decretos, las leyes, las resoluciones y los actos del Estado en general no estaban centralizados en un mismo órgano.

El objetivo era tener un lugar donde se pudiera acopiar un acervo de todas las normas que rigen en Uruguay, que nos vinculan y que nos hacen vivir como sociedad.

Obviamente ha tenido mutaciones y cambios durante estos 121 años, pero ese sigue siendo básicamente el objetivo central: tener un lugar de consulta donde la normativa sea certera, confiable y accesible para la población.

Hoy una ley o un decreto muchas veces circula antes por redes sociales o medios de comunicación. ¿Qué lugar ocupa el Diario Oficial en ese escenario?

Es cierto que hay normativas que a veces circulan previamente en otras páginas del Estado. Ahora, el órgano oficial a partir del cual, por ejemplo, una ley pasa a regirnos a todos es el Diario Oficial.

Eso brinda las garantías de saber exactamente en qué momento esa norma comienza a regir. La publicación en el Diario Oficial es el último eslabón del proceso de elaboración de la ley. El Poder Legislativo sanciona, el Poder Ejecutivo promulga y el Diario Oficial publica.

En una discusión parlamentaria se producen cambios en base a negociaciones y pueden circular muchos documentos. Ante esa especie de confusión que podría generarse, sabemos que lo que se termina publicando en el Diario Oficial es efectivamente la norma que va a regir.

Habías mencionado que todavía existen trámites que funcionan un poco “a la antigua”. ¿Qué cambios están preparando?

Tenemos un primer desafío, que es lograr que la página web, en base a los últimos parámetros de Agesic, sea 100% accesible para personas con discapacidad.

Después estamos trabajando en procesos que permitan una mayor eficiencia interna y también un beneficio para el ciudadano.

Actualmente estamos en fase de prueba con tres tipos de publicaciones a través de un sistema electrónico: convocatorias, reformas de estatutos y ventas de comercio.

Esto va a permitir que el interesado no tenga que trasladarse en ningún momento a IMPO. A través de la página web, de manera online y durante las 24 horas, va a poder cargar la publicación que desea realizar.

También estamos dando un paso en las formas de pago. Se va a poder abonar con un sistema similar al que se utiliza para la patente de rodados y también a través de redes de cobranza.

¿Cuándo estiman que va a estar operativo?

En este momento ya está en fase de prueba y estimamos que en menos de dos meses va a quedar puesto en práctica y disponible en la página web de IMPO.

La idea es empezar con estos tres avisos y, después de esta primera experiencia, ver la posibilidad de ampliarlo a los restantes. Automatizar procesos y simplificar trámites para la ciudadanía es un aspecto muy importante para nosotros.

Cuando hablás de automatización aparece inevitablemente la inteligencia artificial. ¿IMPO está pensando incorporarla?

Estamos trabajando y analizando el tema de la inteligencia artificial, como la mayoría de las instituciones, porque es un fenómeno que ha venido con mucha fuerza.

Inicialmente estamos pensando utilizarla, todavía no lo estamos haciendo, principalmente para cuestiones que ayuden a mejorar los procesos internos.

No como un mecanismo de consulta, porque IMPO y el Diario Oficial tienen una particularidad que es una de sus fortalezas: las informaciones que salen del organismo tienen que tener un nivel de certeza casi que absoluto.

La inteligencia artificial todavía presenta algunos márgenes de error. Entonces, para lo que es el acceso directo de la ciudadanía a consultas mediante una plataforma de inteligencia artificial, lo estamos estudiando, pero por ahora está en pausa.

Sí la estamos pensando mucho para procesos internos que permitan agilizar el trabajo, siempre con supervisión humana.

IMPO ya tiene el programa Lenguaje Ciudadano para simplificar determinadas normas. ¿Qué buscan hacer con esa herramienta?

Es un programa que IMPO tiene desde 2011 y estamos trabajando para darle un relanzamiento el año que viene.

Especialistas en derecho de IMPO hacen una simplificación a un lenguaje sencillo de algunas normas que, en general, están vinculadas a aspectos de salud, prestaciones sociales o cuestiones laborales.

Eso nunca es una fuente de derecho, pero permite que personas que quizás tengan mayores dificultades para comprender los tecnicismos de una ley puedan saber, de una manera llana y sencilla, qué establecen las normas en cuanto a derechos, obligaciones y garantías.

¿Hasta dónde se puede simplificar una norma sin correr el riesgo de cambiar su sentido jurídico?

Eso siempre lo destacamos cuando hablamos de este programa. En los materiales que hacemos con algunas de esas leyes simplificadas siempre aclaramos que no tienen valor jurídico, sino un valor de carácter informativo.

IMPO no solamente se ocupa de la edición y publicación del Diario Oficial, sino que tiene encomendada por ley la difusión de las normas, y esa difusión debe llegar a todas las personas.

Para este nuevo plan estamos pensando en poder seleccionar y segmentar dónde se necesita mayor conocimiento de determinadas normas.

Quizás desde el punto de vista territorial existan diferencias en las inquietudes. Puede haber cuestiones laborales que tengan mayor relevancia en los departamentos de frontera y otros lugares donde existan más demandas vinculadas a la salud.

La idea es que los materiales que se produzcan vayan dirigidos a las personas que realmente están necesitando esa primera aproximación a sus deberes, derechos y garantías.

Otro desafío es la normativa departamental. ¿Qué falta para que una persona pueda consultar con la misma facilidad las normas de cualquiera de los 19 departamentos?

Ahí tenemos un desafío enorme y estamos trabajando en ese sentido.

Hay un antecedente de un programa entre el PNUD y la OPP con las intendencias para crear las llamadas bases institucionales, que permiten reunir documentación y normativa, como decretos de las juntas departamentales o resoluciones de los intendentes.

Lo que no permiten esas bases es lo que ocurre cuando entramos a la página de IMPO y podemos ver cómo se va modificando determinada normativa.

Por eso el año pasado lanzamos los digestos departamentales digitales, que van a permitir que las normas de aquellos departamentos que manifiesten interés puedan estar visibles para la ciudadanía.

Ya firmamos un convenio con la Intendencia de Lavalleja y hay otros dos o tres departamentos muy interesados.

Es un elemento de transparencia muy importante y también puede colaborar con los procesos internos de una intendencia. Tener claro cuáles son las normas que rigen internamente genera eficiencia y permite ir dejando de lado el formato papel.

Si volviéramos a hablar dentro de cinco años, ¿qué te gustaría que una persona pudiera hacer a través de IMPO que hoy todavía no puede?

Primero, que IMPO continúe siendo una institución que brinde certezas. Es un legado que viene desde hace muchísimos años y que en este momento tenemos la responsabilidad de mantener.

Esa es la esencia: la credibilidad, la confianza y la garantía que brinda esta institución.

Después, acompañar los avances tecnológicos para poder acceder y acercar la normativa a la ciudadanía.

También nos parece fundamental colaborar con las campañas de bien público y, en particular, dar difusión a las políticas de carácter educativo que se brindan en el país. En eso estamos haciendo un trabajo muy cercano con el Ministerio de Educación y Cultura.