La demanda millonaria que los fiscales preparan contra el Estado: a qué se debe

Unos 300 fiscales demandarán al Estado por una diferencia salarial que, según sostienen, se generó a partir de un ajuste otorgado a los jueces y que nunca fue aplicado a la Fiscalía, informó El País. La acción judicial, impulsada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, buscará tanto la equiparación de los salarios hacia adelante, como el pago retroactivo de las sumas adeudadas.

La presentación de la demanda se realizará en los próximos días, luego de que el gremio reuniera las firmas de la amplia mayoría de sus afiliados. Desde la asociación estiman que el eventual costo para el Estado podría rondar los US$ 6 millones.

El conflicto tiene sus raíces en la Ley Orgánica de la Judicatura, que vincula los salarios de los máximos jerarcas del Poder Judicial con los de los ministros de Estado y establece una escala de remuneraciones para el resto de los magistrados.

El diferendo salarial tuvo su origen en los ajustes aplicados a partir del 1° de enero de 2011 a los salarios de jerarcas del Estado, y en las sucesivas soluciones legislativas y judiciales que buscaron corregir las diferencias generadas entre jueces y fiscales.

En ese contexto, la Rendición de Cuentas aprobada en 2022 dispuso incrementos para magistrados del Poder Judicial, con el objetivo de corregir disparidades internas, pero no previó partidas para la Fiscalía. Los fiscales entienden que esa decisión volvió a afectar la equiparación salarial prevista por ley entre ambas instituciones y consolidó una brecha cercana al 4,8%.

Durante los últimos años, la Asociación de Fiscales realizó gestiones ante el Parlamento y el Poder Ejecutivo para corregir la situación sin recurrir a la Justicia. Incluso, propuso renunciar al cobro de retroactivos a cambio de restablecer la equiparación salarial, aunque la iniciativa no prosperó.

En 2025, se aprobó una nueva disposición presupuestal que preveía aumentos graduales para los fiscales entre 2026 y 2030, con el objetivo de cubrir la diferencia existente. Sin embargo, su aplicación quedó condicionada a la adhesión de al menos el 80% de los fiscales dentro de los primeros 180 días desde que la ley entrara en vigencia, requisito que, según el gremio, no se alcanzará.

Ante la falta de una solución consensuada tras años de negociaciones, la mayoría de los fiscales resolvió avanzar con la demanda judicial contra el Estado.